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“La Fiscalía ahora sigue investigando y con el desafuero levantó un escollo que le impide algunas diligencias que requieren formación de causa”, afirmó Williman a Telemundo. Y
El desafuero del senador Gustavo Penadés, votado esta semana en el Parlamento, abre la puerta a una nueva etapa en la caso que lo investiga por presunto abuso sexual de menores, algo que hasta el momento han denunciado ocho personas. Así lo valoró Juan Raúl Williman, abogado del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que patrocina a cinco denunciantes.
“La Fiscalía ahora sigue investigando y con el desafuero levantó un escollo que le impide algunas diligencias que requieren formación de causa”, afirmó Williman a Telemundo. Y es que ahora, entre otras cosas, el objetivo de la fiscal Alicia Ghione es avanzar en solicitar la declaración anticipada de las presuntas víctimas. Pero, para eso, necesitaba el desafuero de Penadés, para poder llevar al legislador ante un juez.
Por eso, Williman señaló como “muy positivo” que “todo el sistema responda adecuadamente y el proceso vaya por los camiones que corresponde”. “El sistema político da muestras de celeridad, responsabilidad y madurez en cuanto a un tema muy delicado. Muy rápidamente resolvieron el tema. Y el Poder Judicial y Fiscalía también actuaron rápidamente. Y esas son todas muy buenas señales”, apuntó.
No obstante, durante la sesión en el Senado abordó el tema, el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) planteó reparos al pedido de desafuero hecho por la Fiscalía, y apuntó que no puede descartarse que el caso tenga que ver con persecución política.
Al respecto, Williman apuntó: “La solicitud de desafuero hecha por la Fiscalía es muy fundada, con mucha información, pero cuidando la reserva de las víctimas. Por ende, entiendo que todo está corriendo por los carriles que debe hacerlo en un estado de derecho, y eso es siempre una muy buena noticia.
Sobre las acusaciones de “falta de pruebas” hechas por Domenech, Williman respondió: “Lo que hay ahora son evidencias que fueron recolectadas por Fiscalía en una investigación administrativa, el sistema funciona así. Pruebas hay cuando se diligencian en juicio o de forma anticipada. Lo que tiene ahora Fiscalía es una carpeta de investigación muy bien trabajada con un montón de evidencias que, entre otras, incluye las declaraciones de las víctimas. Eventualmente, lo que se analiza es el potencial de esas evidencias en convertirse en prueba que logre la eficacia como para tener una sentencia de condena. La Fiscalía ahora sigue investigando “.
En ese sentido, el abogado reafirmó que “la investigación en todo momento mantuvo su reserva”, y que eso es algo a lo que en Uruguay “no estamos tan acostumbrados”, sobre muchas veces se dan filtraciones. “Creo que la Fiscalía tomó recaudos para que la información que llegara al Parlamento no permitiera la identificación de las víctimas. Ahora estamos en un estadio donde hay cierta información, no es lo deseable, pero ninguna de esas filtraciones remite a la identificación de las personas ni pone en riesgo la seguridad de las víctimas”, agregó.
¿Esas filtraciones que comienzan a darse podrían impedir que posibles nuevos denunciantes finalmente se manifiesten? “Cómo responde una víctima que eventualmente está evaluando denunciar o no depende de mucho. Creo que la reserva de las actuaciones ayuda y la seriedad de encontrar un sistema que va a recibir su denuncia, escucharlo y no cuestionarlo, y analizarlo seriamente, y eso le permite a una persona evaluar la posibilidad de denunciar una situación tan delicada”, respondió Williman al respecto.
¿Cómo sigue el caso Penadés?
Ahora es de esperar que en los próximos días se fije una audiencia preliminar, que será para definir las preguntas que se harán en las instancias de declaración anticipada de los denunciantes. Todo eso en el marco de que la investigación continúe adelante.
“Creo que la Fiscalía tiene previsto diligencia de investigación, que requiere autorización judicial, eventualmente pruebas anticipadas. Va a seguir con la investigación como lo viene haciendo hasta ahora con seriedad y rigurosidad. Y evaluará el momento oportuno si tiene que hacer alguna solicitud de medida cautelar o formalización de la investigación, eso depende de Fiscalía”, consideró el abogado.
En ese sentido, indicó que “hasta ahora la Fiscalía tenía solo la parte administrativa, pero ahora con el desafuero puede formar causa y pedir otras diligencias que anteriormente no podía”.
En cualquier caso, Williman apuntó que, a su juicio, “la Fiscalía ya ha recolectado evidencias importantes y con cierta contundencia, que es lo que le permite avanzar en la investigación”; no obstante, “todavía le queda un camino por recorrer”. “El principio de inocencia está intacto y se derrumba con pruebas que logren el estándar probatorio como para llegar a una condena. Esto recae sobre el trabajo de Fiscalía”, apuntó.
Consultado sobre qué eventual pena podría manejarse, respondió: “La calificación jurídica también es un tema que se estudia en esta etapa. Eso queda establecido con la acusación fiscal. Por ahora se habla de la promesa de retribución o retribución a menores de edad por actos de naturaleza sexual. Eso puede tener de 2 a 12 años de penitenciaría”.
Fuente: Teledoce