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Vivienda deberá pagar por no dar casas; Justicia no acepta que se subsidien alquileres a demandantes

Legisladores oficialistas y opositores opinaron sobre el proyecto de ley interpretativo de la Constitución que presentó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Tres familias del asentamiento Nuevo Comienzo, en Santa Catalina, ganaron recursos de amparo para no ser desalojados y acceder a una vivienda digna. Foto: Estefanía Leal

La Justicia rechazó el reclamo que hizo días atrás el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) contra una multa de $ 4 millones que debe pagar por no haber dado todavía solución habitacional a dos familias del asentamiento Nuevo Comienzo. Estas solicitaron en marzo pasado tener acceso a una vivienda digna mediante un recurso de amparo.

Los demandantes recurrieron a esa vía al recibir una orden de desalojo del predio, en el marco de una investigación penal por usurpación y robo de energía eléctrica. La Justicia ya ha condenado a la cartera -en primera y segunda instancia- a darles un hogar a tres núcleos familiares, pero la secretaría de Estado cumplió con lo ordenado solo en un caso.

Las otras dos familias siguen a la espera, por lo que el juez de Familia Daniel Erserguer definió que corresponde la aplicación de una multa por todos los días transcurridos desde que se emitieron las últimas sentencias favorables a los demandantes (6 de abril), tal como establece en una resolución con fecha de este miércoles, y a la que accedió El País.

“A juicio de la Sede aún no se dio cumplimiento a lo ordenado por la referida sentencia”, señala el magistrado, quien tampoco da por válida la solución ofrecida por la cartera a las familias, de subsidiar alquileres de hasta 12 Unidades Reajustables mensuales -$ 16.076, en valores actuales-, ya que el ministerio no cuenta con “stock” suficiente de casas como para entregar en lo inmediato, tal como sostuvo en su momento la ministra Irene Moreira.

“La sentencia definitiva condena a una solución habitacional que implique una vivienda digna con los demás elementos contenidos en el fallo (…) y ello refiere a la entrega efectiva de una vivienda y no a una resolución administrativa”, determinó el magistrado. Y agregó que, “en los hechos”, hoy las familias demandantes no han “accedido a una vivienda” y continúan “viviendo en insoportables condiciones de extrema vulnerabilidad”.

“Alquilar una finca implica mucho tiempo y dirigirse a una inmobiliaria como intermediaria entre las partes habitualmente requiere gastos conexos como ser generalmente el pago de un mes de alquiler por concepto de contrato”, concluyó Erserguer.

Ley interpretativa.

El brete en que se encuentra el MVOT es un tema que preocupa especialmente en Cabildo Abierto. El 4 de mayo en el Senado, en un discurso de menos de cinco minutos, el senador Guido Manini Ríos criticó los fallos que concedieron estos recursos de amparo y condenaron a la cartera que dirige su esposa.

El líder de CA dijo ese día que las sentencias representaban “una nueva forma de interferencia” del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo, y que los jueces se estaban arrogando “el derecho de cogobernar marcando prioridades a quienes fueron elegidos para desarrollar políticas (de vivienda) que garanticen ese derecho”.

Guido Manini Ríos. Foto: Darwin Borrelli

Poco más de 15 días después, el líder de los cabildantes concretó esa postura en un proyecto de ley, que al momento tiene tres artículos que buscan dar una interpretación más acotada al artículo 45 de la Constitución. Esa es la norma que consagra el derecho de todos los uruguayos a “gozar de vivienda decorosa”.

La iniciativa, que cuenta con la firma de los otros dos senadores de Cabildo -Guillermo Domenech y Raúl Lozano-, propone que se establezca a texto expreso que la carta magna “no establece el deber del Estado de proveer de viviendas a las personas que carezcan de ella, sino (que) le asigna el poder-deber de fijar políticas públicas a través de la ley, que propenderán a la obtención de una vivienda decorosa, higiénica y económica de todos los habitantes”.

En diálogo con el semanario La Mañana, Manini dijo que presentó este proyecto en respuesta a la “lectura antojadiza” que a su entender han hecho los jueces sobre este tema, y que sientan jurisprudencia que podría llevar a que se interprete “que el Estado debería garantizar el trabajo a todos los uruguayos, porque la Constitución dice que todos tienen derecho al mismo”.

“La norma señala que el Estado propenderá a darle trabajo digno, pero esto no puede interpretarse como una obligación”, agregó Manini, que confía que su iniciativa obtendrá el “apoyo dentro del Frente Amplio”, además del resto de los socios de la coalición de gobierno.

Sin embargo, para el senador frenteamplista Enrique Rubio, que integra la comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, las negociaciones no serán sencillas. “Creo que la Justicia debe tener márgenes para poder obligar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones para que den viviendas a personas en situación de indigencia”, aseguró a El País, y añadió que entiende que la intención de Manini “es muy obvia”. “Está blindando la actuación de la ministra de Vivienda”.

José Carlos Mahía, otro de los senadores de la coalición de izquierda en la comisión, dijo que está “dispuesto” a analizar el tema, pero que cree que es “algo para llenar el ojo de la opinión pública” y que la iniciativa perderá fuerza con el paso de los días.

El documento borrador fue entregado este jueves a la senadora blanca Carmen Asiaín. La legisladora dijo a El País que ve con buenos ojos la iniciativa, porque “a priori coincide con lo que la doctrina constitucionalista ha entendido hasta ahora” sobre la aplicación del derecho de vivienda consagrado en la Constitución. La entrega efectiva de una casa a quien no la tenga mediante un reclamo judicial “no solo no estaba en el espíritu del constituyente, sino que hasta hace un cuarto de hora no se había interpretado en ese sentido”.

La otra senadora nacionalista de la comisión, Graciela Bianchi, coincide. Pero tiene un matiz y es que, aunque aún no ha estudiado la iniciativa en profundidad, ella no es partidaria de que “todo deba escribirse en una ley”.

“Estamos corriendo el riesgo de llegar a escribir el sentido común. A los que tenemos formación jurídica no se nos ocurre hacer estas cosas”, sostuvo Bianchi.

No obstante, aseguró que está “alarmada” con los fallos. “Son muy graves, no solamente porque la Constitución no se aplica de esta forma, sino porque además son un ataque directo al derecho a la propiedad” de los dueños de los terrenos ocupados, concluyó la legisladora.

La Justicia y un efecto que desestabiliza, según Manini

El senador Guido Manini Ríos volvió a referirse este miércoles a la situación de una familia que iba a recibir una vivienda “siguiendo el protocolo establecido” por el MVOT, pero que a último momento se quedaron sin casa porque la cartera debió entregarla a otras personas, que se vieron beneficiadas por un recurso de amparo que presentaron ante la Justicia. “Esa familia (la que hizo el reclamo) está sin dudas en total vulnerabilidad, pero el referido ministerio debió entregarle una vivienda que estaba destinada a otra familia”, dijo el senador al semanario La Mañana. En ese sentido, el líder de CA manifestó su temor de que estos fallos pasen “a ser frecuentes”, porque de esa forma se generaría un “efecto desestabilizador en el sistema democrático, porque las políticas públicas van a ser remplazadas por fallos judiciales”. “Es claro que ese no fue el espíritu del constituyente”, aseguró.

Fuente: Elpaís