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Entre los imputados, está la exabogada de Juan Antonio González Bica. La Justicia, a pedido de la fiscal Mónica Ferrero, les imputó falsificación de documento privado, estafa procesal y a una persona usurpación de título.
Tres personas fueron imputadas este sábado en el caso que investiga a una organización dedicada a falsificar documentos y presentarlos ante la Justicia, con el objetivo de obtener condiciones más beneficiosas de reclusión para los presos, como la prisión domiciliaria.
La jueza dispuso la imputación por los delitos de falsificación de documento privado, estafa procesal y a una de las personas se le imputó además el delito de usurpación de título, ya que se hacía pasar por abogado. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.
Entre los imputados, está la exabogada de Juan Antonio González Bica, el narcotraficante que se arrancó la tobillera electrónica y se fugó, estando en prisión domiciliaria. La abogada Mercedes Acosta fue quien solicitó la prisión domiciliaria de su cliente por problemas de salud, argumentando que no existía la posibilidad de otorgarle tratamiento a su defendido en la cárcel.
A la salida de la audiencia, el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, se limitó a decir que la maniobra incluyó el pago de decenas de miles de dólares, pero se excusó de dar más detalles, porque la jueza dispuso una reserva estricta del caso, ya que la investigación continúa y puede haber más personas implicadas.
La fiscal de la causa, Mónica Ferrero, señaló a través de Benech la importancia de advertir situaciones de este tipo y de sancionar a los responsables, al considerar el daño que la maniobra ocasiona al sistema de justicia por tratarse de una estafa procesal que busca inducir al engaño de los operadores.
González Bica fue condenado en febrero pasado por la jueza María Helena Mainard a 4 años y 11 meses de cárcel por tráfico ilícito de estupefacientes en las modalidades de organización, financiación, transporte, posesión y depósito, un delito de tráfico interno de armas de fuego, receptación, y conversión y transferencia en la modalidad de autolavado.
A fines de mayo, un médico forense certificó que González Bica padece un grupo de patologías crónicas que requiere un tratamiento estricto, controles y seguimientos constantes, estudios, administración de medicamentos y realización de hemodiálisis periódicas, y que «durante su permanencia en el centro de reclusión no se ha cumplido rigurosamente con las indicaciones medicas, tratamientos y controles, exponiéndolo a un riesgo grave para su salud e integridad física”.
Ante eso, la jueza Mainard dispuso a pedido de la defensa la prisión domiciliaria y la colocación de una tobillera electrónica, pese a la oposición de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, que apeló la decisión judicial. En la noche del 30 de agosto pasado, la Fiscalía informó a la Justicia de la fuga de González Bica y se libró orden de detención y cierre de fronteras. La abogada Mercedes Acosta había renunciado al caso el 23 de agosto, una semana antes de la fuga.
González Bica fue detenido en junio de 2022 en la ruta 8 en Treinta y Tres con 420 kilos de cocaína que eran transportados en un furgón que simulaba ser una ambulancia. La droga había sido cargada en Cerro Largo, tras ingresar al país en una avioneta, y que era trasladada a Montevideo.
Fuente: Subrayado