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Puja entre Jorge Díaz y abogados penalistas por supuestas detenciones ilegales de testigos

Directiva de gremial de profesionales se reúne mañana para analizar posibles medidas: denunciar en el Poder Ejecutivo o en la Suprema Corte.

Escultura representativa de la justicia en el interior del Palacio de los Tribunales. Foto: Fernando Ponzetto

La gremial de abogados penalistas analizará mañana posibles medidas a tomar en relación a las presuntas conducciones “ilegales” de por lo menos tres testigos ordenadas por fiscales después de la etapa de la acusación de personas. La asociación estudiará presentar denuncias en el Poder Ejecutivo o en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El tema generó otro frente entre el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez.

A mediados de abril pasado, ambas partes chocaron por la decisión de los fiscales de no entregar a los defensores las carpetas investigativas, ya que trabajaban en forma remota por la pandemia. El diferendo se zanjó luego de que Díaz emitiera una resolución en la que ordenaba a los fiscales atender a los penalistas.

“Temeraria”.
En esta oportunidad, el enfrentamiento entre los defensores privados y la Fiscalía tiene connotaciones más profundas.

Consultado por El País, Fagúndez dijo: “En la directiva de la asociación vamos a discutir las acciones a tomar y poner en conocimiento respecto a la necesidad de cambios en el Código del Proceso Penal, de modo que se cumplan garantías para los justiciables (personas investigadas)”, dijo el presidente del gremio de abogados.

Fagúndez agregó que en la reunión de la directiva también se discutirán temas puntuales referentes al ejercicio de la profesión, los que calificó de “extrema gravedad”. Por ejemplo, agregó, se analizará la conducción de testigos de la defensa hacia la Fiscalía sin la presencia de su abogado antes de la audiencia de un juicio.

Los penalistas sostienen que, a diferencia de los fiscales, no pueden llamar a la Policía para pedir la citación a un testigo. Desde la Fiscalía los defensores recibieron la sugerencia de que solicitaran esas citaciones a los juzgados. “Entonces, ¿tenemos que pedir al juzgado que cite a un testigo y deberemos darle la dirección de nuestro estudio?”, se preguntó Fagúndez.

Juan Fagúndez saliendo de una sede judicial. Foto: Archivo El País

Luego de debatir en su interna durante varias reuniones de la directiva del gremio, los penalistas enviaron el 16 de junio pasado una carta a Díaz. En la nota, la gremial puso al jerarca en conocimiento de las prácticas realizadas por fiscales y que considera “ilegales”.

En la misiva enviada por los profesionales se plantea que las conducciones de testigos de la defensa a la Fiscalía serían “coactivas”, “temerarias”, “ilegales” y “violatorias del principio de igualdad de las partes”.

“Actuación celosa”.

En su resolución, el fiscal de Corte rechaza estos calificativos al advertir que, en el sistema penal acusatorio, la entrevista de los fiscales y los abogados defensores con los testigos propuestos en forma previa a la audiencia de juicio, no es irregular. “Por el contrario, pone de manifiesto una actuación celosa y responsable de las partes en el preparación del juicio oral, circunstancia que aleja de plano cualquier posibilidad de reproche legal, ético o administrativo”, dice Díaz.

En la resolución, a la que accedió El País, Díaz advierte que lo que sí está prohibido es que en la entrevista previa al juicio se agregue información de la que el testigo no tenía conocimiento a los efectos de que la vuelque en su testimonio en el juzgado. “Esta manera de comportarse sí es contraria a las reglas del debido proceso y pasible de sanciones administrativas y penales”, aclara el jerarca.

Díaz afirma que “no es admisible” que ingrese al juicio ninguna prueba de la defensa a la que la fiscalía no haya tenido acceso y posibilidad de controlar, porque eso también lo dispone la ley. Y agrega que si la defensa no tiene registro de la información aportada por ese testigo, la fiscalía tiene derecho a interrogarlo antes del juicio.

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, en Salto. Foto: Sergio Senisa.

El jerarca concluye que una vez que la defensa selecciona de su carpeta la evidencia que propone como prueba en el juicio, está sujeta al conocimiento y control de la fiscalía y ello “no viola” el derecho a no incriminarse ni ningún otro privilegio.

“No es un juego de póquer”.

El sistema penal uruguayo es acusatorio y adversarial. Esto significa que la investigación y acusación la realiza un fiscal, hay una confrontación entre este y los abogados defensores del imputado y un juez decide. En una misiva enviada a la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Jorge Díaz se refirió al funcionamiento del sistema uruguayo para replicar sobre supuestas “conducciones ilegales” ordenadas por fiscales.

El jerarca afirmó que el sistema adversarial “no es un juego de póquer” en el que los jugadores tienen un derecho a ocultar sus cartas hasta que decidan jugarlas. Díaz usó la metáfora de las cartas para referirse a las pruebas en un juicio. El jerarca recordó que el Código de Proceso Penal establece que “no podrá admitirse en juicio ninguna prueba a la que la contraparte no haya tenido acceso y la posibilidad de control”.

Desde la Asociación de Abogados Penalistas se replicó y se afirmó que la Fiscalía de Corte cita al catedrático chileno Mauricio Duce. En un reciente congreso virtual, Duce afirmó que la conducción de un testigo de la defensa luego de la acusación es “ilegal” y “hay que ponerle coto”.

Piden tiempo para la defensa

Los abogados penalistas plantean que es un problema que la Fiscalía investigue un caso durante un año y medio. “De un momento a otro, nos llama el fiscal del caso y nos informa que mañana va a formalizar a nuestro defendido. Eso significa que tenemos solo un día para preparar la defensa de un cliente”, se quejó el penalista Juan Fagúndez.

Fuente: Elpaís