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“Puede que se necesite regular la vacunación obligatoria”, aseguró el juez Ricardo Pérez Manrique

Dio su parecer sobre los dichos de la senadora Bianchi sobre si la justicia está infiltrada por el FA: “No hay quejas a nivel internacional sobre el funcionamiento del sistema judicial uruguayo”.

Ricardo Pérez Manrique. Foto: Marcelo Bonjour.

América es el continente con más porcentaje de su población completamente vacunada contra el covid-19: un 65% ya cuenta con su esquema completo. Pero en 20 de los 35 países de la región -en especial varias de las islas del Caribe- el año 2021 terminó por debajo del objetivo trazado por la Organización Mundial de la Salud: al menos un 40% de los habitantes de cada país con su esquema completo.

Esa desigualdad en el acceso a las vacunas, el hermetismo con que los gobiernos negociaron con los laboratorios la adquisición de dosis, el derecho de los migrantes a ser incluidos en las campañas, la protesta de comunidades ancestrales que ruegan por curar la infección con sus medicinas tradicionales y hasta la discusión sobre la obligatoriedad de la vacunación golpean las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique lo sabe, porque desde este mes es el presidente de este tribunal regional que vela por la protección de los derechos humanos. En ese cargo, que por segunda vez ocupa un uruguayo, permanecerá dos años, por lo cual su voz será clave en varios de estos debates jurídicos.

-¿El covid-19 significó un retroceso para el goce de algunos derechos elementales?

-Efectivamente. Un ejemplo generalizado a la mayoría de los países, Uruguay inclusive, es la falta de acceso a la información de las compras de vacunas. La reserva fue la condición de los laboratorios para darles las vacunas a los países, al igual que las extensiones de responsabilidad. Algunos de estos casos van a llegar, tarde o temprano, a la Corte. Ya en abril de 2020, por primera vez en la historia, la Corte Interamericana sacó una declaración por fuera de un caso concreto para advertir que la crisis de la pandemia tiene que ser afrontada respetando el estado de derecho y los derechos humanos.

-¿La Justicia funcionó bien durante la pandemia?

-En muchos países los tribunales se cerraron con el pretexto de que había una pandemia. Solo funcionaba, en parte, la justicia penal. Si tenemos en cuenta que la justicia penal no es más del 10% de la actuación de la Justicia de cualquier país, puede decirse que el 90% de los casos quedaron relegados.

-¿Con el acceso a la vacuna se está haciendo justicia?

-En América hay dos corrientes migratorias que son estructurales: la migración internacional de quienes intentan llegar a Estados Unidos, y la migración interna del campo a la ciudad. A eso se sumó en los últimos años la crisis política y económica de Venezuela por la que han salido millones de personas. Y casos más particulares como el flujo de haitianos a Chile. El tablero se ha movido y eso requiere que los migrantes, cuando están en un territorio, sean atendidos con los mismos derechos básicos que los nacionales. Eso, aunque parezca básico, no se ve cumplido. De hecho, hubo una sentencia contra Panamá al respecto. Hay un concepto elemental que maneja Naciones Unidas y yo comparto: no habrá seguridad sanitaria hasta que todos estemos seguros sanitariamente. Lo que está pasando en el continente es que hay grupos que no están accediendo de la misma manera a la vacuna. Eso, además de derechos, es un riesgo para la propagación del virus y un reservorio para su mutación.

-El gobierno uruguayo dice que tiene aseguradas las dosis para los nacionales por si es necesaria una cuarta vacuna, ¿antes debería plantearse que el resto de los países accedan al esquema más básico?

-Es un tema de dimensiones. Uruguay es muy pequeño en escala. Ya donó vacunas a Paraguay. Debería haber un mayor espíritu de cooperación. Se debería reconocer que el soporte a todos los derechos es la dignidad humana. Puede parecer demasiado idealista, pero es el postulado de los derechos humanos.

-El catedrático en Infectología, Julio Medina, dijo que existe suficiente evidencia científica para declarar obligatorias las vacunas, pero que la decisión es política. ¿También es una decisión jurídica?

-Es un fenómeno complejo, sobre el que la Corte es muy probable que sea convocada a decidir. Por eso tengo que mantener cierta prudencia. El derecho lo que hace es recoger elementos de la realidad para regularlos. En la medida en que se acumulen evidencias científicas que den la razón al catedrático, puede que se necesite regular la vacunación obligatoria. La OMS está mandando señales claras de que las vacunas son importantes. Como humanidad hemos pagado un precio demasiado alto durante esta crisis, un precio que no solo se cuenta en vidas.

-¿Cabe la posibilidad de que la Corte reciba denuncias sobre quienes buscan una indemnización por ese “precio demasiado alto” que costó la pandemia?

-Todo es posible. En un estado de derecho se supone que cualquier actividad de la autoridad está sometida a un control político y jurídico. Eso puede conducir a una sentencia de condena o de absolución.

-¿Los tratamientos alternativos contra covid-19 son también un derecho?

-La Corte tiene en análisis varios casos complejos sobre la multiculturalidad. Uno de ellos viene de 2020 y se trata de una controversia por la titularidad de 600.000 hectáreas en el impenetrable Chaco argentino. Por un acuerdo, más de 400.000 de esas hectáreas seguirían perteneciendo a los pueblos originarios y los criollos tendrían el derecho a seguir sobreviviendo en las restantes 200.000. ¿Qué tiene que ver con los tratamientos? Los pueblos originarios aducen que cuando se comparte territorio entre varias civilizaciones, comienzan a agotarse y contaminarse los recursos de agua (en especial por los sistemas de producción extensiva) y eso ocasiona la pérdida de flora y fauna que es usada como medicinas. Entonces el deber del derecho es intentar que se puedan compartir los recursos de la medicina tradicional y la más ortodoxa.

-Dentro de los tratamientos alternativos, ¿vale todo?

-No. Los sacrificios humanos, por ejemplo, son inadmisibles. Pero sí es relevante atender la diversidad cultural, algo que, desde la homogeneidad uruguaya, cuesta entender. Esa diversidad tiene que ser entendida en un sentido amplio.

-¿Uruguay suele quedar bien posicionado ante el sistema de justicia internacional?

-Hasta ahora Uruguay ha recibido tres sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de DDHH. A veces se evita llegar al conflicto y se llega a acuerdos previos. En ese sentido, el Estado uruguayo tiene una buena actitud de conciliar.

-¿La Justicia está infiltrada por el FA como dijo la senadora Graciela Bianchi?

-No puedo hacer comentarios. Solo puedo decir que no hay quejas a nivel internacional sobre el funcionamiento del sistema judicial uruguayo.

Fuente: Elpaís