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Polémica por manejo de un hogar con 25 casos positivos de COVID-19 detectados

Abogados hicieron denuncia por “hacinamiento”; desde el hogar «desmintieron totalmente la denuncia», indicó vicepresidente del BPS.

Ancianos en un hogar. Foto: Pixabay – Archivo

La Red de Abogados de Derechos Humanos (RADD) denunció “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en el hogar Pablo VI, que funciona en la calle 9 de abril, entre Fernández Crespo y Gaboto, mediante convenio y financiación del Mides y el BPS.

Según un comunicado respaldado por la RADD, en este refugio hay “25 personas con COVID-19 que deben utilizar el mismo baño”.

“El local cuenta con dos baños para 60 usuarios y uno para el equipo de educadores. La alimentación es inadecuada y existen personas con diversas patologías, cursando la enfermedad sin la contención sanitaria necesaria, poniendo en riesgo su vida”, señala la organización en el comunicado.

Además, se indica que frente a los reclamos y planteos de los internos al psicólogo de la institución y personal técnico, se los “amenaza” o “invita” a que “se queden en la calle”.

Según dicen, en diciembre de 2020 en el piso de arriba del local dormían más de 15 personas “una pegada a la otra” y “en pleno desarrollo de la pandemia”. A su vez, relatan que el 22 de ese mes la situación se agudizó ingresando 30 personas más, provenientes del hogar “La Milagrosa”, a las mismas instalaciones que ya estaban desbordadas. A partir de esa fecha, en el refugio viven 50 personas “en condiciones de hacinamiento”.

La abogada Valeria España, de la RADD, informó a El País que el viernes se presentó una acción de amparo ante la Justicia por la situación de este hogar. Según explicó, se busca en primer lugar identificar la responsabilidad del Estado en el seguimiento de las condiciones de los refugios a nivel nacional.

“En este hogar se generó una situación de contagio y lo que se identifica es que no hubo un control estatal adecuado”, aseguró. Asimismo, consideró que el Ministerio de Salud Pública “nunca se presentó en el lugar”; ya que todos los seguimientos que se han hecho han sido telefónicos. Según la abogada, esto vulnera los derechos fundamentales amparados tanto por la normativa nacional como por la internacional.

Desmentido

Consultado por El País, el vicepresidente del BPS, Daniel Graffigna, dijo que está al tanto de la situación y que se comunicó con los responsables de la Asociación Civil Obra Social Pablo VI, quienes “desmintieron totalmente la denuncia”. El jerarca indicó que el convenio se firmó en 1999 y que la institución tiene personería jurídica. “El BPS controla, porque paga por persona que concurre hasta un límite de 60, aunque en los últimos tiempos el número ha sido bastante inferior. La responsabilidad de la gestión recae sobre ellos”, aclaró el jerarca.

En tanto, la gerencia del refugio emitió un comunicado en el que exigió “una retractación pública e inmediata”. Y aclaró que en caso de que eso no ocurra, se reserva “la posibilidad de iniciar las acciones legales correspondientes”.

En un comunicado de la directiva del hogar se afirma que el local tiene dos plantas “muy grandes”, con un total de seis baños, por lo que puede alojar hasta 55 personas sin mayores inconvenientes. Además, especifican que “con algunas modificaciones” podría llegar al máximo de 60 cupos. De todos modos aclaran: “En el correr de este año nunca llegó a tener más de 55 usuarios. A la fecha hay solo 39, porque algunas personas optaron por otras soluciones habitacionales”. Esta asociación civil administra tres hogares.

Fuente: Elpaís