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Pensiones alimenticias: retirarán privilegio a embajadores y militares

La iniciativa fue presentada por el diputado colorado Felipe Schipani y será incluida en el texto del proyecto de Rendición de Cuentas.

Felipe Schipani. Foto: Archivo El País

La coalición de gobierno acordó incluir en el texto del proyecto de Rendición de Cuentas, que comenzará hoy a ser votado en Diputados, unas disposiciones que cambian las pensiones alimenticias que aportan los embajadores y efectivos militares que residen en el exterior.

Se trata de una iniciativa que había sido presentada por el diputado colorado Felipe Schipani en noviembre del año pasado, y que plantea que los aportes de estos funcionarios se fijen sobre sus salarios presupuestales y no sobre los ingresos reales, que son bastante más altos.

El sistema actual fue creado por rendiciones de cuentas de 1991 y 1992 por artículos que ahora se propone derogar, ya que habían consagrado un “irritante privilegio”, tal como consta en el texto al que tuvo acceso El País.

“La presente iniciativa pretende eliminar los señalados privilegios para los funcionarios diplomáticos y militares, a efectos que las pensiones alimenticias de los hijos de estos se determinen conforme al criterio general consagrado en el Código de la Niñez y la Adolescencia”, agrega.

Por otro lado, el diputado colorado también propuso que el coeficiente que hoy se aplica a las asignaciones familiares de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que desempeñen funciones en el exterior del país “estará condicionado a que los beneficiarios residan conjuntamente”. Es que es común, explicó el diputado, que diplomáticos envien ese dinero a sus familias cuando estas viven en Uruguay.

En su exposición de motivos, Schipani advirtió que “no existen razones de mérito para excluir del régimen de equilibrada justicia a aquellos obligados por el solo hecho de ser militar o diplomático cumpliendo funciones en el exterior del país”. Es más, apuntó que “la retribución del diplomático durante el desempeño de funciones en el exterior es de las más altas que paga el Estado”.

Fuente: Elpaís