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Actualmente la pena para este tipo de figura es de dos a 12 años de cárcel, pero desde la cartera de seguridad quieren que la mínima sea de seis y la máxima de 18.
El Ministerio del Interior pretende modificar la pena para aquellas personas que cometan homicidios intencionales. Actualmente la pena para este tipo de figura es de dos a 12 años de cárcel, pero desde la cartera de seguridad quieren que la mínima sea de seis y la máxima de 18. Interior buscará cambiar esta pena en la próxima Rendición de Cuentas, según informó El País y confirmó Telemundo.
Fuentes del ministerio explicaron a Telemundo que la idea del artículo 145 que se presenta en el proyecto de ley y que agrava las penas es para que este tenga cierta proporción con otros delitos graves donde las penas son mayores. Especifican, por ejemplo, que la rapiña tiene una pena de cuatro a 16 años de cárcel y el copamiento de ocho a 24.
En el texto donde justifica el aumento de pena para este delito, al que accedió Telemundo, se argumenta que no se justifica que en un delito que se quita intencionalmente una vida humana, la pena sea mucho menor que en una rapiña, un copamiento, una extorsión o un secuestro.
Por otra parte el Ministerio del Interior busca incluir un nuevo agravante en los homicidios. El artículo 146 de la rendición establece la creación del agravante para castigar delitos vinculados al narcotráfico que cuentan con vilipendio de cadáver, mutilación, desmembramiento o incineración de un cuerpo.
Un homicidio intencionado con agravantes puede tener una pena de entre 10 a 24 años y con agravantes muy especiales entre 15 y 30 años de cárcel.
Los informantes consultados indicaron a Telemundo que las modalidades delictivas han cambiado y que los narcotraficantes apuntas a incinerar o mutilar cuerpos con la finalidad de entorpecer la investigación y apuestan a castigar esta conducta para que no siga extendiéndose.
En la cartera llaman a este acto como un “segundo homicidio” ya que los delincuentes buscan destruir la integridad de la víctima asesinada y esto, apuntan, merece una respuesta jurídica.
Fuente: Teledoce