>>>>>>>FM Ideal 100% ONLINE<<<<<<< Ministerio de Defensa rechaza aspirantes con delitos – Fm Ideal 90.1

Ministerio de Defensa rechaza aspirantes con delitos

Tras aplicación de nuevos controles también quedaron afuera desertores y expulsados. Defensa ajustó controles tras el triple homicidio en una base del Cerro en mayo de 2020.

Tras aplicación de nuevos controles también quedaron afuera desertores y expulsados. Defensa ajustó controles tras el triple homicidio en una base del Cerro en mayo de 2020.

Hace exactamente un año, el 31 de mayo de 2020, el día se iniciaba con una tragedia que terminó siendo un duelo nacional. Aquel domingo casi invernal, ventoso y gris, amaneció con la muerte de tres marinos de primera, asesinados en el puesto de la Armada del Cerro a manos de Jonathan Bragundi. Se trataba de un ex infante de marina -hoy preso a la espera del juicio oral- que había desertado hacía unas semanas, que conocía el lugar por haber hecho guardias allí, y que mató a los tres a balazos para robarles sus armas y venderlas por droga.

La rápida investigación iniciada entonces por la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Defensa determinó a los pocos días que la escena no debía haber ocurrido. En primer lugar, porque los tres asesinados no tenían que haber sido aceptados en la Armada. Uno de ellos porque antes había desertor del Ejército; otro porque había sido expulsado de la fuerza terrestre por mala conducta; y el tercero porque tenía un antecedente por hurto.

La situación reveló de inmediato que el sistema de control de los ingresos a las Fuerzas Armadas no estaba funcionando bien, lo que llevó al ministro Javier García a buscar una solución, que llegó vía decreto el 13 de octubre. La resolución estableció que tanto la Armada como el Ejército y la Fuerza Aérea debían hacer un “control exhaustivo de los requisitos de ingreso” y enviar toda la información de los aspirantes al departamento de Recursos Humanos de la cartera. La resolución establecía, además, que no existía “una base de datos en el Ministerio de Defensa Nacional que permita el rápido acceso a la información para la toma de decisiones al respecto”.

El objetivo era entonces que la cartera pudiera centralizar los datos y hacer un análisis del legajo de cada uno de los postulantes, lo que llevó a que desde ese momento, y hasta principios de mayo, fueran rechazados 36 personas por distintas irregularidades. Todas ellas ya habían estado en las FFAA y ahora pretendían volver, según datos oficiales a los que accedió El País.

De ese total, ocho eran personas con antecedentes penales y 13 que habían desertado, lo que constituye un delito en el Código Penal Militar. Otros seis aspirantes fueron rechazados por haber sido detenidos en la calle conduciendo un vehículo sin libreta, otros cuatro fueron expulsados por “grave falta contra la disciplina” -y otro por “frecuentes” faltas del mismo tipo-, y hubo tres casos en los que no se admitió el acceso por “no ser conveniente sus servicios”, aunque no se brindaron más detalles.

Los fallos

El artículo 54 de la ley 19.775 establece que, entre otras requisitos, todo aspirante tiene que presentar un certificado de antecedentes judiciales, además de demostrar la “inexistencia de antecedentes sumariales”, es decir, “no haber sido destituido de la función pública, o dado de baja de las Fuerzas Armadas por causal que legalmente implique la prohibición de reingreso”.

Lo que ocurría hasta la aprobación del actual decreto, contaron a El País fuentes de la Secretaría de Estado, era que muchos aspirantes presentaban el resto de la documentación -que acreditaba, por ejemplo, tener completa la Educación Media Básica o haber jurado la bandera- y quedaban en entregar la correspondiente a sus antecedentes en instancias posteriores.

En muchos casos esto último no ocurría, y las autoridades no realizaban un seguimiento o control de esas personas para que cumplieran con todos los requisitos documentales.

El rechazo de estos 36 que pretendían su reingreso constituyen cerca del 1% de los no admitidos en el período en cuestión (ver recuadro), por lo que se infiere que el porcentaje de los militares en actividad con antecedentes o irregularidades es bajo.

No obstante, como el contrato de los efectivos vencen a los 12 meses, se espera que en las renovaciones anuales las tres armas mantengan los mismos procedimientos y rigurosidad, para lograr una total depuración de la tropa.

Las cifras de las admisiones

Entre octubre de 2020 y mayo de este año se autorizó el ingreso de 3.483 postulantes sobre un total de 4.149, por lo que quedaron en la lista a la espera de vacantes el 83,95%. Los rechazados fueron el 16,05%. De estos, los que cuentan con antecedentes penales equivalen al 0,87% del total de aspirantes a ingresar a las Fuerzas Armadas.ANTECEDENTES DE LOS ASPIRANTES

Desde amenazas a robos

Los ocho aspirantes rechazados por tener antecedentes judiciales cometieron delitos de la más diversa naturaleza y gravedad. Hay dos personas que, tras el análisis de Defensa, se encontró que habían sido imputadas de un homicidio culpable. Se trata de un delito que castiga con hasta ocho años de cárcel, y que es el que se aplica, por ejemplo, en los accidentes con víctimas fatales cuando el que los ocasiona fue negligente.

Otro rechazado tenía un antecedente por narcotráfico en grado de tentativa, mientras que otros tenían como antecedente un delito de hurto, que tiene una pena de hasta seis años de penitenciaría.

También había una persona imputada por un delito continuado de apropiación indebida -que se castiga con hasta cuatro años de cárcel-, y había otra que tenía un antecedente por daño agravado por amenaza.

En la etapa del estudio de las admisiones, la cartera no distingue si las imputaciones son formalizaciones de investigaciones penales que todavía se encuentran en curso, o si se trata de sentencias de condena. Basta el mero antecedente.

Fuente: Elpaís