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Ministerio de Ambiente aprueba compensaciones salariales para funcionarios que trabajan con UPM

“Son para mantener a un personal idóneo, capaz y preparado”, justificó el ministro Adrián Peña.

Pueblo Centenario, lugar en el que se realiza la nueva planta de UPM. Foto. Fernando Ponzetto

El gobierno trabaja contra reloj para atender la demanda que implica la instalación de la segunda planta de UPM. No solo en la construcción del nuevo Ferrocarril Central, que ya tiene unos cuantos meses de atraso, sino también en los estudios de impacto ambiental e impacto social de la propia fábrica de celulosa.

El flamante Ministerio de Ambiente, que se creó en el comienzo de este gobierno, ha tenido dificultades en el análisis de los informes técnicos producto de la falta de personal, así como también por la salida de algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) al sector privado. Por ese motivo, y amparados en la sobrecarga laboral que han tenido los técnicos de especial dedicación, fue que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dio curso a la aprobación de una serie de compensaciones salariales para los funcionarios actuales.

Una decisión similar se adoptó en la última parte del gobierno de Tabaré Vázquez, cuando la entonces ministra de Vivienda, Eneida De León, aprobó compensaciones. Las mismas quedaron en suspenso hasta la entrada de esta administración, para librar de la toma de decisión a las nuevas autoridades.

La actual ministra de Vivienda, Irene Moreira, dejó en suspenso la decisión ya que se estaba en proceso de separación para la creación del Ministerio de Ambiente, a donde fue a integrarse la Dinama.

Con la puesta en marcha de la nueva cartera, Peña entendió necesario implementar las compensaciones. Según detallan las resoluciones, a las que accedió El País, quienes se desempeñan en el área referida (Dirección Nacional de Calidad y Evolución Ambiental) han visto “sumada a la demanda normal de trabajo, nuevos requerimientos derivados del contrato de inversión firmado entre el Estado y la firma UPM”.

A uno de los ingenieros se le aprobó una partida mensual de $ 25.615 por el “seguimiento ambiental de la construcción de la terminal portuaria, especializada en celulosa y de la evolución y seguimiento del proyecto de ingeniería de la planta de tratamiento de efluentes de la planta de UPM II y emisario subacuático”. Sumada la compensación a su retribución actual, totaliza $ 96.094.

Las resoluciones son retroactivas al 1° de marzo de este año. “Las compensaciones establecidas tienen carácter transitorio y están sujetas a evaluación, pudiendo determinarse su cese en cualquier momento”, señala la resolución, y se realiza mediante el rubro “proyecto de inversiones”.

En el caso de la encargada del seguimiento de las autorizaciones ambientales de la planta, así como del “diseño e implementación del plan de control actual y futuro de la contaminación del sector industria de celulosa y papel”, la partida es por $ 16.291, de modo que la retribución total no supere los $ 70.000.

Para un tercer funcionario, “responsable del proceso de evaluación y seguimiento de los planes de monitoreo de biota acuática y terrestre durante la fase de construcción del ferrocarril central, planta de celulosa y terminal portuaria”, la compensación mensual es de $ 12.561, fijada de forma tal que su sueldo total no supere los $ 65.710.

El ministro Peña comentó a El País que la herramienta de la compensación es la que tienen para lograr mantener “un personal idóneo, capaz, preparado y eficiente”, en competencia con el sector privado, para poder “dar respuesta a una inversión tan importante” como la segunda planta de celulosa de UPM en el centro del país.

Según las explicaciones oficiales, los funcionarios tienen más de siete años de experiencia en el área y una dedicación “full time”.

La Dinama es la dependencia encargada de multar u observar la falta de documentación ambiental. En el caso de UPM II, se la ha amonestado en cuatro oportunidades.

Además de las compensaciones para reforzar los sueldos y evitar las fugas al sector privado, el nuevo ministerio cuenta con contrataciones de servicios profesionales que funcionan en todo el Ejecutivo a través de fondos provenientes de distintos organismos. No se le asignó personal suficiente para cubrir los cargos en el último presupuesto.

Fuente: Elpaís