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Los motivos del conflicto que tiene en jaque al Inisa

La directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Rossanna de Olivera, se enfrenta al sindicato, que la acusa de presiones.

Unos 70 trabajadores del sindicato del Inisa cortan la calle Treinta y Tres exigiendo varias reivindicaciones. Foto: Francisco Flores

La calle Treinta y Tres estuvo bloqueada durante un par de horas en la mañana de ayer por unos 70 trabajadores que protestaban con estruendo: el sindicato de los funcionarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) se manifestó directamente en la puerta del organismo, y las dos palabras que pasaban de boca en boca -que eran gritadas, cantadas- son las que forman el nombre de la conductora de la institución, Rosanna de Olivera, con quien el gremio está en pie de guerra desde hace varios meses.

“De Olivera, De Olivera, ya no te aguantamos más”, entonaba el grupo, armado de banderas, camisetas que denunciaban “no más compañeros lastimados”, dos bombos y un redoblante que recibían con rabia los golpes de las baquetas. “Queremos que te vayas y no vuelvas nunca más”, completaba el canto, al que luego, también de hinchada de fútbol, se sumaban otros, como este: “Vení, vení, vení, hacete presente, que venga el directorio que acá está la gente”.

Adentro, en esta casona vieja ubicada en plena Ciudad Vieja, sesionaba el directorio del Inisa, que trataba como tema principal la resolución del relevo de la encargatura de la dirección de Jurídica, Álvaro Iglesias, y otros funcionarios de esa dependencia, por presuntas “irregularidades” durante una investigación interna, que además culminó en la presentación de una denuncia penal.

Sin embargo, tal como estaba previsto, la directora en representación del Frente Amplio, Andrea Venosa, cambió su voto y ahora se volcó a anular la anterior decisión que disponía el cese de Iglesias y otros, por la que los trabajadores fueron en principio restituidos, al menos mientras continúa el proceso administrativo. Porque aunque De Olivera volvió a defender lo dispuesto en la sesión anterior, la directora nacionalista, Sandra Etcheverry -quien suele discrepar con la presidenta cabildante en más de un asunto-, mantuvo su rechazo al cese de los funcionarios, lo que hizo cambiar la mayoría.

Y Venosa cambió de opinión sencillamente por el accionar sindical, según reconoció a El País. Pues en paralelo a la última sesión del directorio, el martes pasado, también hubo una asamblea de trabajadores, tras la cual se elevó a las autoridades “una plataforma reivindicativa respecto a condiciones laborales y supuestos abusos de poder”, que produjeron el cambio de criterio de la jerarca por la oposición. “Entiendo que primero debemos atender esos reclamos y luego evaluar la sustitución de la dirección de Jurídica”, aseguró, en un discurso muy lejos del que sostiene De Olivera, que ya había declarado que no estaba dispuesta a “cogobernar” con el sindicato.

Rosanna de Olivera, presidenta del Inisa. Foto: Francisco Flores

Antes de que esto se resolviera -y que además se decidiera recibir al sindicato el miércoles próximo para abrir una instancia de diálogo-, afuera seguía el ruido, aunque había alguien que parecía al margen del alboroto. Recostado contra un auto estacionado, luego de discutir con compañeros el estado de situación del conflicto, sonreía tranquilo José Lorenzo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos, y flamante vicepresidente del Pit-Cnt. Allí, en diálogo con El País, el dirigente sindical dijo más de una vez que el gremio estaba en “defensa de la institucionalidad”, y que “un problema central” detrás de esta novela es que los dos integrantes de la coalición (De Olivera y Etcheverry) no se pueden ni ver, no coordinan, y eso explica parte del desastre en el que está la institución”.

El conflicto actual, de todas formas, surge “a partir de la intransigencia del directorio, que claramente no entiende cómo funciona el Estado”. “Si no se respetan los servicios técnicos del departamento jurídico -dijo López-, es muy difícil que la institución pueda funcionar”. Es que, según su versión, lo que hizo De Olivera -ante la denuncia sobre presuntas agresiones a internos en uno de los centros- fue instruir una “investigación paralela” sobre esos mismos hechos , algo “totalmente ilegal”.

De Olivera rechaza de plano esta versión. Lo que ocurrió, dijo ella por su parte a El País, fue que días atrás recibió en su correo electrónico una denuncia de una funcionaria respecto a “irregularidades cometidas contra los derechos de adolescentes”. “Entonces convoqué a un abogado de Jurídica, que se dedica a trabajar con adolescentes, para que fuera a tomarles declaraciones a los internos”, dijo la presidenta del Inisa, que agregó: “Por la tarde de ese mismo día me enteré que el director de Jurídica (por Iglesias), le pidió a este abogado que regresara y dejara de tomar las actas”.

Pero el choque con el sindicato va más allá de este hecho, El presidente del gremio, Víctor Mango, lo resume así: “Denunciamos irregularidades, maltrato, e incluso tenemos compañeros que denuncian aprietos importantes”, criticó.

Y el ambiente laboral no es bueno. Ahora cantan contra una funcionaria que, dicen, fue puesta “a dedo”, y la invitan a recibirse de abogada. En un momento la percusión se toma un descanso, y entonces uno de ellos suelta: “¿Qué pasa, el del bombo está de paro?”.

Presentan denuncia penal

El directorio del Inisa también tomó otra decisión en todo este asunto, y fue elevar a Fiscalía el contenido de las declaraciones que hicieron en el marco de polémica investigación administrativa un grupo de internos del centro para mayores de 18 años de la Colonia Berro. Según informaron a El País fuentes de la institución, la denuncia -que se realiza para otorgar “mayores garantías” a las víctimas- contará con “pruebas que son muy importantes” sobre presuntas situaciones de agresiones y abusos.

Fuente: Elpaís