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La historia de Eduardo: enfermó tras las rejas y murió aislado, sin diagnóstico ni atención

A Eduardo Ramírez “lo dejaron morir como a un perro”, dice su familia. La suya es una de las 35 muertes por causas naturales en cárceles en 2021, más del doble de las que hubo en 2020.

Punta de Rieles. Foto: Fernando Ponzetto

Eduardo Ramírez murió a los 35 años solo, aislado en una celda de Punta de Rieles. Su corazón dejó de latir el lunes 5 de julio de 2021. Los operadores penitenciarios notaron su cuerpo inerte a eso de las 14 horas. Murió envuelto en una sábana ensangrentada, sobre una frazada sucia que usaba de colchón. En un rincón quedó el almuerzo que le habían llevado y que no alcanzó a tocar.

Eduardo murió sin atención. Pasó una semana sintiéndose mal, mientras sus compañeros pedían por un médico para él. El sábado 3 de julio, en la mañana, su pareja fue a verlo como cada semana y le dijeron que él no bajaría porque andaba “jodido de la panza”. Ese mismo sábado por la tarde Eduardo empezó a vomitar sangre y perdió el control de sus esfínteres. Los compañeros lo llevaron a rastras hasta la enfermería, envuelto en su sábana ensangrentada. Allí lo consideraron un posible caso de covid-19 y lo dejaron en una celda conyugal, anunciando que sería hisopado. Si eso ocurrió, nunca nadie supo el resultado. No le hicieron placa de tórax. A sus compañeros no los aislaron del resto ni los hisoparon.

“Gorda, lo siento. ¿No te enteraste? Falleció tu marido”.

Lourdes pensó que era una broma, pero no. Fue la esposa de un compañero de celda de Eduardo la que ese lunes la llamó para consolarla por una noticia que nadie le había dado.

Los hermanos de Eduardo, Julio y Mabel, consiguieron que un amigo los llevara hasta Punta de Rieles. Llegaron de nochecita y les dijeron que el encargado los recibiría. Al cabo de 40 minutos esperando afuera, salió un hombre que les dio una explicación ahí mismo, en la calle.

“Nos relató que el viernes se sintió mal, que el sábado se lo aisló por presunto covid, que el lunes lo iban a hisopar. Que supuestamente lo monitorearon dos veces de mañana. Que al mediodía le llevaron la comida y que dijo que se sentía mejor, que quizás la comiera. Que a las dos horas volvieron a pasar y ya estaba muerto”.

Mabel aporta otros detalles.

“Él nos dijo que había sido por infarto. Que habían ido a las 9 de la mañana del lunes, que lo habían visto, le habían llevado la comida y puesto suero. (El encargado) se contradijo: primero dijo que iban cada media hora, y después dijo cada dos horas”.

Les entregaron un papel dirigido al Instituto Técnico Forense que decía que, por disposición del fiscal, se entregara el cuerpo del difunto a su hermana.

En la morgue, sin embargo, no les permitieron ni reconocerlo. Así lo cuenta Julio:

“El hombre que nos atendió nos dijo que ya lo habían reconocido, y nos dio un papel para hacer los trámites y seguir los resultados de la autopsia. Hasta el día de hoy nos estamos preguntando quién lo vio”.

Con la autopsia también hubo vueltas, relata Mabel.

“Nos dijeron que la autopsia iba a estar en dos días. Llamamos y nos dijeron que todavía no (estaba). Llamaba todos los jueves y siempre me decían que todavía no. Al final me dieron fecha para el 14 de diciembre. Demoraron cinco meses”.

La pericia arrojó que Eduardo tenía los pulmones “hepatizados al tacto”. Se describe: “Pulmón con edema e importantes elementos de congestión pulmonar con áreas de hemorragia intraalveolar”. El forense advierte que no hay signos de violencia, que la muerte de Eduardo fue “natural”. Y agrega que los hallazgos “permiten determinar que el Sr. Ramírez falleció por una insuficiencia respiratoria aguda dada por una neumonía bilateral”.

Según supo El País, en la cárcel se dijo que Eduardo había muerto por covid. A la familia le dijeron que fue por un infarto. Al equipo del comisionado penitenciario le dijeron que tenía “síntomas digestivos importantes” y que “sospechaban” de covid. Hasta ahora, los técnicos que trabajan con Juan Miguel Petit no han podido acceder a la historia clínica.

El comisionado confirmó a El País que esta es una de las nueve muertes naturales catalogadas por ellos como “dudosas” en 2021. “Están a estudio las causas y el proceso asistencial recibido”, afirmó Petit.

Su investigación está enfocada en dilucidar si hubo violación a los derechos humanos. Por otro carril va la investigación administrativa, que compete al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para determinar irregularidades. Y un tercer andarivel es el de la Fiscalía, que indaga un eventual delito en esta y todas las muertes en custodia.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, afirmó que hubo una investigación administrativa en torno a la muerte de Eduardo y se elevó al fiscal que asumió el caso, Leonardo Morales. Maciel no reveló la conclusión de la investigación. En tanto, fuentes de Fiscalía dijeron a El País que Morales archivó la causa.

Punta de Rieles. Foto: Fernando Ponzetto

Más muertes. 

La población carcelaria entre 2020 y 2021 aumentó más de 10%. Sin embargo, según las cifras del comisionado parlamentario para cárceles a las que accedió El País, las muertes por causas naturales aumentaron en ese lapso 169%, es decir, más que se duplicaron.

Si se observan las cifras de muertes no violentas (por enfermedad), y de muertes violentas (homicidios, suicidios, accidentes), y se contempla el crecimiento de reclusos del último año, se ve que en ambos casos hubo un aumento. Sin embargo, al remontar las estadísticas hasta 2016 se ve que la tasa de muertes violentas no se despegó sustancialmente de otros años.

En cambio, en las muertes no violentas sí hubo un salto notorio. En 2021 fallecieron en cárceles 35 personas por enfermedades, mientras que en 2020 fueron 13. Expresado en tasa poblacional, el año pasado fallecieron 26 reclusos enfermos por cada 10.000, mientras que en 2020 murieron 10.

También hubo, según las cifras del comisionado, un crecimiento objetivo de las llamadas “muertes dudosas”, como la de Eduardo, que murió enfermo pero en circunstancias difusas. En esta categoría se pasó de cero a nueve muertes en 2021.

Muertes en cárceles.

Para Petit, es pronto para determinar el porqué del crecimiento, pero hay algunos elementos “bastante evidentes” que parecen haber incidido. “El aumento de la cantidad de presos, por un lado. Y también un factor covid, en el sentido de caída de actividades, caída de visitas, mayor encierro, menor interacción con el mundo exterior, con todas las consecuencias médicas y de salud mental que eso tiene, dijo el comisionado a El País.

Desde el Ministerio del Interior, Maciel reconoció el aumento de las muertes naturales pero hizo varias salvedades. Por un lado, aseguró que antes de 2015 hubo años en los que se registraron cantidades similares a 2021. Por otro, destacó que de los 41 fallecidos que el ministerio tiene contabilizados (difiere un poco de las cifras de la oficina de Petit), solo 11 fallecieron en unidades penitenciarias (el resto, en centros asistenciales). A eso se le agregan tres muertes que el ministerio investiga para esclarecer sus causas.

Maciel disiente con las hipótesis de Petit: “La gente se muere, es una regla de la vida. Por causas naturales y por patologías. ¿Por qué se mueren más un año que otro? Es imposible saberlo. No soy médico y no conozco las historias clínicas”.

El jerarca no cree que la atención se haya visto resentida por el crecimiento de la población carcelaria. “Descarto esa posibilidad en la medida que el Ministerio del Interior ha hecho los máximos esfuerzos en brindar la atención que se requiere”, agregó. Destacó que los reclusos fueron de los primeros en vacunarse y que el 90% se dio las dos primeras dosis.

También mencionó que junto con ASSE se hizo por primera vez un relevamiento para conocer el estado de salud de los presos. En muchos casos, dijo, jamás habían visto un médico. Las conclusiones aún no se conocen. En el prestador de salud estatal no respondieron las consultas.

La pandemia tampoco incidió, para Maciel. “Se intentó que no estuvieran encerrados, sino lo contrario. En 2020 con el Plan Dignidad se buscó que trabajaran en plantaciones al aire libre. La parte educativa prácticamente no cesó, incluso se inauguraron aulas virtuales para combatir ocio y hacinamiento”, afirmó.

En definitiva, el aumento de las muertes no violentas “pudo haber sido aleatorio”, concluyó Maciel, aunque aclaró que es “un tema para especialistas”.

El informe del comisionado y el Departamento de Medicina Legal relativo a las muertes de 2021 se terminará entre febrero y marzo. El de 2020 establece que las muertes naturales en cárceles se debieron principalmente a patologías oncológicas, aunque advierte la necesidad de “auditar la incidencia que pudieron tener eventuales fallas en la prevención secundaria (diagnóstico precoz) de estas enfermedades crónicas, generando tiempo y oportunidades perdidas”.

Por otra parte, se describen “preocupantes situaciones verificadas”, como la muerte de una persona joven tras una crisis asmática que desde hace un año reclamaba cumplir prisión domiciliaria por su enfermedad; o la de un hombre que se encontró sin vida en su celda, tras haber recibido un traumatismo de cráneo la noche anterior.

“Resulta particularmente significativo que el 23% de las muertes no pudieran ser razonablemente aclaradas o explicadas con los datos conseguidos”, se plantea. En cinco de 48 casos detectaron elementos sugerentes de negligencias institucionales o asistenciales. En otras seis, la falta de información impidió determinar la causa del desenlace.

Punta de Rieles. Foto: Fernando Ponzetto.

El informe contiene seis recomendaciones que no requieren de presupuesto adicional y que apuntan a mejorar el acceso a la información. Ninguna de ellas fue tomada en cuenta, dijo a El País el médico Hugo Rodríguez Almada, que dirige el Departamento de Medicina Legal.

“Es un problema que tenemos con casi todos los muertos: tenemos información nula o casi nula. No hay un mecanismo que obligue a ASSE o al INR o a quien sea a darle la información a la oficina del comisionado, amparándose en las cosas más increíbles, como la confidencialidad. Es perverso; hay que tener un mínimo de voluntad política”, planteó en diálogo con El País.

Y agregó: “La muerte en custodia es potencialmente ilícita: si estás privado de tu libertad no sos dueño de nada, no podés llamar al médico cuando se te ocurre. Por supuesto que te podés morir de cualquier cosa como cualquier persona. Pero para investigar, lo fundamental es la información clínica. Si no te la dan, seguís con esa presunción”.

Eduardo, su niñez en La Huella, su error y la hija que no llegó a conocer

En 1990, un hombre muy enfermo se apareció en el hogar La Huella, en Las Piedras, con sus cuatro hijos: Julio, Ernesto, Eduardo y Mabel. La madre no estaba. Al hombre debían operarlo del corazón y no resistió. Era una familia muy pobre, recuerdan desde La Huella. Los dos hermanos más chicos llegaron más gorditos, y los más grandes estaban flacos porque dejaban la comida para sus hermanos.

Los pequeños Ramírez crecieron allí, junto a otros 15 niños y adolescentes huérfanos o separados de sus padres. Allí pudieron estudiar y hacerse de sus primeras herramientas laborales.

“Eduardo era un niño cariñoso, alegre, simpático. Todo el mundo recuerda su sonrisa”, dice Marianela Larzábal, su “hermana de crianza” que esta semana escribió una carta pública denunciando la muerte de Eduardo.

De la sonrisa “pícara” también habla Julio, su hermano. “Te compraba con la sonrisa. Le brillaban los dientes. Era extrovertido, medio fatal, pero dentro de lo normal”, dice el mayor de los Ramírez. Eduardo hizo la escuela agraria en la UTU y se puso a trabajar con Julio. “Del Rincón del Colorado nos íbamos en bicicleta al puerto o a Tres Cruces a hacer mantenimiento en los canteros. Él también estuvo en una empresa de losa radiante. Tenía habilidad con las herramientas, se daba idea”, cuenta su hermano.

Eduardo tuvo un hijo que hoy tiene nueve años y que tiene trastorno del espectro autista. Años después se separó y se puso en pareja con Lourdes, con quien vivía en Rincón del Colorado.

En el último tiempo a Eduardo se le había vuelto más difícil conseguir trabajo. En un intento por obtener ingresos, se conectó con el dueño de un club cannábico. Luego, en lo que sus allegados describen como “una fantasía” pero no dudan en calificar como “un claro error”, Eduardo sembró más de 20 plantas de marihuana en su casa pensando en montar su propio negocio. Al mismo tiempo, un conocido lo invitó a vender balas a cambio de una comisión, y él -evidentemente ignorando lo que implicaba- lo promocionó en su muro de Facebook. Le allanaron la casa, y en vez de balas -que nunca tuvo- le encontraron los plantines de entre 15 y 20 centímetros. No tenía stock de marihuana. Ese 9 de diciembre de 2020 cayó preso. Su familia dice que le dieron dos años pero que con el tiempo, dada su buena conducta, iba a poder seguir privado de su libertad en la casa.

Los primeros dos meses estuvo en el Comcar, y luego pasó a la cárcel nueva en Punta de Rieles. Enseguida Lourdes empezó a sentir náuseas. Cuando le contó a Eduardo que estaba embarazada, él se apenó por no poder acompañarla en el embarazo. Pero pudo ser testigo del crecimiento de su hija, Victoria Paulina, en la panza de Lourdes que cada sábado lo iba a ver.

La niña nació a mediados de junio y él la conoció a través de una videollamada (ver imagen). El sábado 10 de julio Lourdes iba a llevarla a Punta de Rieles como una sorpresa por el Día del Padre. Eduardo murió cinco días antes.

Eduardo a los 10 años en La Huella (arriba), antes de ir preso (abajo) y el día que vio a su hija a través del celular.

Piden Justicia.

Dicen en el ambiente penitenciario que, sin una familia detrás, es probable que la investigación por eventuales responsabilidades penales naufrague. Tras recibir el resultado de la autopsia, ahora la familia de Eduardo se está asesorando para presentar una demanda.

“Desde el día uno pensamos en negligencia médica. Nadie muere de un día para el otro de neumonía”, dijo Marianela Larzábal, su hermana de crianza en La Huella (ver más en página A12). “Queremos que este grito se escuche. No nos van a devolver a Eduardo, pero tenemos la responsabilidad de que no se vuelva a repetir. Esto está pasando con otros presos. No tienen asistencia mínima en sus derechos más básicos”, consideró.

Julio, el hermano, está convencido de que al menos deberían haberle hecho una radiografía. “La responsabilidad es de todos: de ASSE y de los guardias que están ahí, que supongo que deberían haberlo hecho atender. Pero he escuchado que esto es normal. Que un perro vale más que ellos”, expresa.

“Siento mucha bronca, dolor, impotencia”, dice Mabel, la hermana. “Es algo que se podría haber evitado si le hubieran prestado atención. Si lo hubieran atendido a tiempo. Si no lo hubieran dejado morir como a un perro. A mi hermano lo mataron”, dice.

Lourdes, la pareja de Eduardo, cuenta que los compañeros de celda escribieron cartas relatando su versión del fallecimiento, pero que nadie alcanzó a leerlas. Según sus familiares, los guardias se las sacaron en una requisa. También contaron que protestaron por la muerte de Eduardo: que rompieron sillas y escobillones, y quedaron todos sancionados. Durante un mes y medio no hubo visitas para ellos.

Ella, que quedó sola con una bebé que no llegó a conocer a su papá, solloza que a Eduardo “lo dejaron morir” y “adentro se están lavando las manos”.

“Queremos justicia. Queremos saber por qué”.

(Producción: Tomer Urwicz)

La dificultad de llegar a una certeza

Por un convenio firmado con la Facultad de Medicina, desde el año pasado el comisionado penitenciario recibe información técnica de cada una de las muertes en custodia. El proceso es así: el equipo del comisionado maneja un protocolo con una serie de preguntas a hacer y una guía de datos a recabar. A veces se incluyen testimonios. A eso se le suma el estudio que hacen en el Departamento de Medicina Legal, donde analizan la información médica.

“Hay muchos casos en los que a veces no llegamos a conclusiones. Hay situaciones en las que es muy difícil saber cuál fue la parte de la enfermedad y cuál la de la reclusión, causas supervinientes que pudo haber habido. A veces si el contexto en el que se genera ese hecho hubiera sido diferente, el hecho en sí también habría sido diferente”, dice Petit.

Rodríguez Almada elevó un planteo a la Fiscalía evocando el convenio firmado con el comisionado y solicitando un aval genérico para acceder a las autopsias de todas las muertes en cárceles. La respuesta fue positiva, aunque todavía no se entregó la información.

“Jamás me llamaron a declarar”

El Departamento de Medicina Legal asesora al comisionado parlamentario en el análisis de la información médica y forense. El año pasado revisaron las 48 muertes en cárceles. “En las que quedaron sin investigación, la presunción de responsabilidad del Estado pasa de amarillo a naranja”, dijo el especialista Hugo Rodríguez Almada, que de todas formas advirtió: “Jamás me llamaron (a declarar) por ninguno de estos casos”.

Dormir entre ratas “no es lo mejor”

Las autoridades actuales del Ministerio del Interior mostraron fotos en el Parlamento de cómo encontraron las cárceles, sobre todo las más superpobladas. En total, había 1.980 presos durmiendo en el piso. El subsecretario, Guillermo Maciel, destacó la fabricación de 2.000 camas.

“Obviamente que si uno duerme en el piso, cerca de orina, materia fecal, ratas, no son las mejores condiciones”, dijo Maciel a El País.

Fuente: Elpaís