Jueza intimó a Interior a implementar “un plan de mejoras” en cárcel de Canelones

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El objeto del mandato judicial es “la reorganización del Módulo 2 a los efectos de revertir la situación violatoria de la Constitución”.

Cárcel de Canelones. Foto: Parlamento

La jueza de ejecución de Segundo Turno de Canelones, Erika Melina Armendano, intimó al Ministerio del Interior a cumplir el “Plan de Mejoras” reclamado por la Oficina del Comisionado Parlamentario para la cárcel de Canelones –mediante un recurso de habeas corpus– para superar las malas condiciones de habitabilidad y convivencia. La resolución judicial obliga al Ministerio del Interior a buscar nuevas soluciones para brindar educación, capacitación, salud y tratamiento de adicciones, informó el Parlamento en su página web.

En fallo divulgado este viernes, la Justicia de Ejecución de Canelones hizo lugar al habeas corpus correctivo presentado por el comisionado Juan Miguel Petit este lunes 8 solicitando un Plan de Mejoras para el Módulo 2 de la Cárcel de ese departamento. El recurso buscaba revertir las muy malas condiciones de vida existentes en los cuatro sectores del módulo 2 de la cárcel canaria, donde se alojan unas 700 personas.

En el escrito, Petit señalaba carencias materiales severas, pero también la falta de programas de rehabilitación, asistencia social, capacitación laboral, deporte y actividades básicas como el acceso al patio al aire libre de forma diaria. También se señalaba la necesidad de contar para el desarrollo de actividades con un equipo técnico y la formulación de Planes Individuales de Tratamiento, de manera de orientar la vida de los internos en prisión hacia una mejor chance de rehabilitación. El texto apuntaba también que las actividades necesarias podrían ser generadas por organismos públicos externos –ASSE, sistema educativo o sistema de capacitación profesional–, pero también por organizaciones de la sociedad civil.

La resolución judicial obliga al Ministerio del Interior al cumplimiento del Plan Propuesto por la Oficina parlamentaria señalando que el objeto del mandato judicial es “la reorganización del Módulo 2 de la Unidad No. 7 (Cárcel de Canelones) a los efectos de revertir la situación violatoria de la Constitución (…) elaborando un plan de mejoras que asegure las condiciones de habitabilidad dispuestas por las normas nacionales e internacionales relevadas, procurando la implementación de planes de atención de los penados con adicciones y asimismo el aumento de los cupos para los mencionados tratamientos como para el cumplimiento de actividades educativas y laborales, el que deberá acreditarse al 30 de noviembre del corriente año”.

Además, la Justicia intimó al Instituto Nacional de Rehabilitación “a garantizar la salida diaria al patio exterior de todos los internos alojados en el módulo 2 debiendo informar a la sede su implementación en el plazo de 30 días”. 

El portal del Parlamento destaca que Petit valoró la medida, y recordó que “hace muchos años que el Módulo 2, a veces mejor, a veces peor, presenta condiciones totalmente inadecuadas”.

“Lo emergente son las carencias materiales, edilicias, de alojamiento. Pero en la base está la falta de programas, trabajo de rehabilitación, capacitación, trabajo uno a uno con las personas presas. Esta sentencia, que es obligatoria, que debe cumplirse como toda sentencia, abre también una enorme oportunidad para que el Ministerio del Interior involucre fuertemente a otros organismos públicos y convoque a entidades de la sociedad civil para poder cumplir estrictamente con la sentencia y con lo que entendemos es su centro, que es implantar en el lugar un verdadero programa de rehabilitación. El equipo de dirección del lugar ha dado muestras de entrega y compromiso. Pero sin las conexiones con otros organismos y recursos materiales y humanos que permitan un auténtico programa de rehabilitación, las mejores intenciones naufragan. Se abre una nueva esperanza. Una oportunidad de política pública de innovación en uno de los peores lugares del sistema penitenciario. Desde nuestro rol, trataremos de aportar”, agregó el comisionado parlamentario.

La sentencia, emitida en la tarde del viernes 12 de mayo, también recogió las medidas de urgencia que presentó el Instituto Nacional de Rehabilitación para cerrar varias celdas en malas condiciones y proceder a refacciones urgentes y entrega de camas, frazadas y colchones. 

Fuente: Montevideo Portal

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