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Juez que intimó al Ministerio de Vivienda a pagar $ 4 millones fue recusado

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno dio lugar a la recusación que la cartera presentó contra el juez que emitió una sentencia que obligaba al millonario pago.

El Ministerio de Vivienda entiende que cumplió con la sentencia y no merece la multa. Foto: Archivo El País

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno dio lugar a la recusación que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó contra el juez que emitió una sentencia que obligaba a la cartera al pago de $ 4 millones. La multa era por no haber entregado una casa a una familia del asentamiento Nuevo Comienzo, a lo que el MVOT había sido condenando.

El fallo contiene la opinión unánime de los tres magistrados del Tribunal -Álvaro Messere, María del Carmen Díaz y Gustavo Mirabal-, quienes aceptaron los argumentos del ministerio y señalaron que el juez Daniel Erserguer prejuzgó al adelantar su opinión contraria al reclamo de la secretaría de Estado, cuando esta todavía se encontraba en plazo para presentar descargos.

El juez Erserguer, ahora recusado, había definido el 19 de mayo que la cartera estaba en falta porque pasado casi un mes no había entregado la casa a la familia -una de las tres de ese asentamiento que ganaron un recurso de amparo en marzo-, y que la solución propuesta de subsidiar alquileres de hasta 12 Unidades Reajustables mensuales, $ 16.076 en valores actuales, no era suficiente. “Dirigirse a una inmobiliaria como intermediaria entre las partes habitualmente requiere gastos conexos como ser generalmente el pago de un mes de alquiler por concepto de contrato”, dijo entonces Erserguer. Y agregó que “en los hechos”, los demandantes continuaban sin haber “accedido a una vivienda” y que permanecían en “insoportables condiciones de extrema vulnerabilidad”. De manera que aceptaba la intimación solicitada por el abogado de los beneficiarios, Juan Ceretta.

Sin embargo, para el Tribunal de Apelaciones no correspondía que se hicieran esas consideraciones, según informó El Observador y consta en el fallo al que accedió El País.

“Lo que hubiera correspondido -dice la sentencia- es expedirse exclusivamente sobre la naturaleza jurídica de la medida de intimación y sus consecuencias jurídicas, y no extenderse sobre el mérito de lo intimado”.

Por lo que, para los magistrados, no caben dudas de que Erserguer “adelantó indebidamente su opinión sobre la cuestión sometida a decisión”, y que se dieron las circunstancias previstas en el artículo 325 del Código General del Proceso. Lo que define la norma es que “será causa de recusación toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del juez por interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes o sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento)”.

Con esta decisión, quien deberá ahora evaluar si la cartera cumplió con la sentencia inicial al proponer el subsidio o si por el contrario corresponde el pago de una multa por no dar una vivienda, será una jueza que los asesores jurídicos del MVOT conocen bien. Se trata de Ana Bueno, una magistrada que ya condenó a la cartera en un fallo del 26 de marzo. Ese dictamen fue el único de tres que el ministerio cumplió con la entrega efectiva de una casa, tras lo cual agotó el “stock”, como dijo la ministra Irene Moreira.

Asentamiento Nuevo Comienzo. Foto: Estefanía Leal

La otra familia que aguarda por una solución habitacional también presentó un recurso de intimación ante la Justicia, con la consiguiente multa, pero todavía no le fue respondido.

Ley interpretativa, una de las prioridades de CA

El partido de la ministra Irene Moreira, Cabildo Abierto, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo desalentar fallos como los que condenaron a la cartera por no entregar una vivienda. Esta es una de las prioridades legislativas de los cabildantes, señalaron a El País fuentes parlamentarias.

La iniciativa busca dar una interpretación más acotada al artículo 45 de la Constitución, la norma que consagra el derecho de todos los uruguayos a “gozar de vivienda decorosa”.

A entender del impulsor de la iniciativa, el senador Guido Manini Ríos -esposo de Moreira-, los jueces están haciendo una lectura “antojadiza”, que lleva a la lógica de pretender que así como el Estado está obligado a dar casas, lo está también a dar trabajo a todos los uruguayos que no tengan empleo.

Fuente: Elpaís