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El lío en el puerto por competencia: por primera vez abogado de Katoen Natie sale al cruce

Augusto Durán Martínez enfatizó que Montecon ha crecido en el mercado uruguayo de forma ilegítima dado que la última administración así lo permitió durante los últimos 15 años.

Augusto Durán Martínez. Foto: Archivo El País

El abogado de la empresa Katoen Natie y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica, Augusto Durán Martínez, se refirió en entrevista con El País sobre el conflicto en el puerto de Montevideo y el acuerdo recientemente alcanzado con el gobierno a través del cual se aprobó la extensión de concesión de la firma belga. Afirmó que el interés de Uruguay está en juego en el buen funcionamiento de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y enfatizó en que su principal competidor, Montecon, ha crecido en el mercado uruguayo de forma ilegítima dado que la última administración así lo permitió durante los últimos 15 años.

-El Poder Ejecutivo firmó un decreto que da prioridad para operar buques con contenedores a Terminal Cuenca del Plata (TCP), que es propiedad en 80% de Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Montecon, su principal competidor afirma que es un monopolio. ¿Qué evaluación hace?

-De acuerdo a la normativa de 1994, la operación de carga y descarga de contenedores debe hacerse en las terminales especializadas y la única especializada es la que surgió como consecuencia del artículo 20 de la ley de urgencia del año 2000 que es la de TCP.

-Pero tanto la ley de puertos como otras leyes posteriores establecen que la actividad está regida por el derecho de la competencia. ¿Se está limitando esa competencia?

-Esta es una actividad regida por el derecho de la competencia, pero tratándose de servicios de interés económico general como es el de la actividad portuaria, para que exista una adecuada actividad regida por la competencia, entre otras cosas, se produce el corte vertical de actividades. Es decir, por un lado está la construcción y manejo de las infraestructuras y por otro lado, las actividades en sí. Esas actividades son las que pueden actuar normalmente en competencia, pero el manejo de las infraestructuras no. Miremos lo que pasa en la navegación aérea, las aerolíneas compiten entre sí, pero no es posible que cada una tenga un aeropuerto propio. Lo mismo pasa en el puerto, es una actividad que no se adecúa bien a la competencia.

-¿Por qué no?

-Porque exige una enorme inversión que tiene que estar protegida, por eso tiene que ser manejada por una empresa sola. Cuando hubo licitaciones para (hacer) más de una terminal no hubo oferentes y no los hubo porque todos se dieron cuenta de que no hay espacio comercial para más de una terminal especializada. La situación comercial hoy no admite otra terminal. Pretender ahora que haya una segunda terminal es jurídicamente un gran error, pero además contrario a los intereses del país. El interés nacional está en juego y está en juego en el buen funcionamiento de TCP.

-Hoy el 60% de las operaciones se realiza con Montecon y el 40% restante a través de TCP. Con el decreto actual esto llevaría a que los buques con contenedores solo operen en casos excepcionales en los muelles públicos multipropósito (donde opera Montecon). ¿Cómo evalúa este cambio en el movimiento comercial?

-Ese es el gran perjuicio que ha tenido TCP. Todo ese tránsito debió haber sido por TCP pero el 60% fue para Montecon en forma ilegítima. No es un invento de ahora, esto está en el decreto de 1994 pero esto no se cumplió en los últimos 15 años. Es la base del conflicto. Habiendo una terminal especializada, los barcos no son libres de ir a una terminal u otra y la ANP no es libre de mandarlos a donde quiera. Los barcos tienen que ir a cargar y descargar allí, salvo en las excepciones como cuando la terminal esté agotada o se maneje alguna carga peligrosa, ahí se puede operar en los muelles públicos.

-¿Qué cree que ocurrirá con las navieras que hoy deciden operar con Montecon? ¿Y si deciden no usar el puerto de Montevideo?

-No creo que eso ocurra y si pasa van a volver enseguida. Esas compañías navieras van a tener que operar con TCP. Es así. Así debió haber sido siempre y eso es lo que no se ha cumplido.

-¿Por qué no se cumplía?

-No se cumplía porque se admitió ilegítimamente que Montecon operase de esa manera. Fue una actitud ilegítima de la administración anterior. Es cierto que Montecon va a ver afectada su actividad porque tuvo un crecimiento ilegítimo.

-Sin embargo, Montecon plantea que ha ganado el mercado de forma legítima y que paga US$ 14 millones por año a la ANP por impuestos.

-Pero TCP tiene un contrato de concesión, paga un canon y además ha hecho una inversión de unos US$ 200 millones que ahora se compromete a US$ 450 millones más. Montecon no tiene nada, no ha invertido absolutamente en nada, tiene permisos y tiene concesión para determinados espacios pero no explota una terminal, de manera que son situaciones absolutamente incomparables.

-El sindicato portuario se declaró en conflicto tras el acuerdo alcanzado con el gobierno. Afirma que se van a perder puestos de trabajo. ¿Qué opinión le merece?

-Si crece la actividad de TCP porque decrece la actividad de Montecon es obvio que ese crecimiento va a requerir nueva mano de obra.

-¿Hay una cláusula laboral específica en el acuerdo?

-No, no la hay pero los trabajadores no se van a quedar sin trabajo.

Fuente: Elpaís