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El gobierno asegura que la vacunación sustenta el crecimiento de la economía

En la Rendición de Cuentas, el gobierno se apoya en la alta tasa de vacunación para sostener una proyección favorable de la economía con un crecimiento estimado de 3,5% para este año.

La ministra Azucena Arbeleche entregó el proyecto de ley a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón. Foto: Estefanía Leal

A pesar de la pandemia, el gobierno prevé un escenario favorable para este 2021 desde el punto de vista sanitario y económico. En la Rendición de Cuentas se estima la inmunidad de rebaño para la primavera y un crecimiento económico de 3,5%.

La palabra pandemia aparece 173 veces en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas que entregó anoche el Poder Ejecutivo al Parlamento. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, señaló en conferencia de prensa que fue “lo más distintivo y disruptivo” del año 2020 a “pocos días de asumir el gobierno”.

En materia sanitaria, en la exposición de motivos de la Rendición se destacó “la celeridad del plan de vacunación” que según se dice ubica a Uruguay “en las tasas más altas del mundo (64%) y la segunda más importante de América Latina”, detrás de Chile. La cifra alcanza el 70% si se incluye a los que tienen día y hora para vacunarse o están en lista de espera.

El gobierno estima que a este ritmo la inmunidad de rebaño se alcanzará “en primavera”, es decir cuando el 70% de la población se encuentre vacunada contra el COVID-19.

“La vacunación parece estar mostrando resultados favorables, y hoy en día la política de vacunación es una de las principales políticas económicas, por su impacto en la renormalización de las actividades económicas y sociales”, se argumenta en la exposición de motivos del proyecto de ley que ingresará formalmente a la Cámara de Diputados. También se destaca la tendencia a la baja en el número diario de contagios, de fallecimientos y de personas en terapia intensiva durante el mes de junio.

El gobierno subrayó el hecho de apelar “a la libertad responsable de los ciudadanos y no decretar cuarentenas obligatorias”, a la vez que se tomaron medidas de restricción de la movilidad para contener la propagación del virus.

Desde el punto de vista económico, la caída del PIB en 2020 se ubicó en 4,3% real, es decir, menos de un punto porcentual respecto a lo estimado en la Ley de Presupuesto.

Si bien la actividad volvió a caer en el primer trimestre de 2021, según el Ejecutivo los indicadores adelantados observados en el segundo trimestre muestran “señales alentadoras”. “En este contexto es de esperar que la economía crezca a un ritmo de 3,5% este año”, dice.

“El avance de las reformas estructurales, junto al rápido progreso de la vacunación y la superación de los efectos de la pandemia, sustentan una proyección de crecimiento a un ritmo promedio anual de alrededor de 3% en los próximos años”, subraya el informe.

Baja el gasto estatal.
Si bien la pandemia “obligó a movilizar todos los recursos necesarios para hacer frente a las demandas sanitarias, sociales y económicas” a través del Fondo Solidario COVID-19, “se lograron ahorros en el resto de los gastos del gobierno, lo que permitió financiar en parte la respuesta a la pandemia, cumpliendo con el compromiso de no aumentar impuestos”, indica el texto.

En conferencia de prensa tras entregar el proyecto a la vicepresidenta Beatriz Argimón, Arbeleche destacó que “a pesar del contexto se lograron ahorros en gastos no relacionados al COVID-19”, lo cual permitió apoyar a sectores vulnerables.

Según el proyecto, los gastos de la administración central bajaron 5,8% real respecto al año anterior. Las remuneraciones se contrajeron 1,5% real mientras que los gastos de funcionamiento lo hicieron en 5% y las inversiones en 17,8% en el mismo período.

En la Rendición, también se destaca el cumplimiento de las metas fiscales “por primera vez en muchos años”, esto en alusión a que estos indicadores no habían sido respetados en los gobiernos del Frente Amplio.

La ministra Azucena Arbeleche entregó el proyecto de ley en el Parlamento. Foto: Estefanía Leal

Prioridades.

“Lo nuevo”, según Arbeleche, dentro de la Rendición son dos programas relacionados a políticas sociales: el plan de atención a la niñez con US$ 50 millones para niños de 0 a 3 años y la regularización de asentamientos, que será diseñado por el Ministerio de Vivienda. El plan crea un fideicomiso integrado por tasas que hoy se destinan al Instituto de Colonización (para compra de predios), que actualmente se ubican entre US$ 15 y US$ 20 millones al año.

Además se habrán de destinar US$ 980 millones al Fondo COVID-19, con US$ 420 millones que incluyen gastos en vacunas e insumos sanitarios, medidas para la reactivación y el empleo (US$ 350 millones) y la atención a las personas más vulnerables (US$ 210 millones).

El presidente de la Comisión de Hacienda y diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo a El País que la Rendición está enfocada “en las personas con mayores necesidades”, en referencia a los niños y a los residentes en asentamientos. “El faro es este gasto social y se mantiene la austeridad y se controla el gasto no eficiente”, subrayó el legislador.

En ese marco concluyó: “luego de un año de presentado el Presupuesto queda demostrada la responsabilidad, la ecuanimidad y la transparencia con la que el gobierno se comprometió a manejar las políticas públicas”.

Cayeron los sueldos y el empleo

En la Rendición de Cuentas, el gobierno concluyó que el COVID-19 impactó negativamente en un mercado laboral “que ya mostraba signos de deterioro”, con una pérdida de 56.000 puestos de trabajo entre 2014 y 2019.

En 2020 la tasa de empleo se redujo, lo que significó una disminución de 60.000 puestos principalmente informales, generando una reducción de la informalidad.

A su vez, se reconoció una caída del salario real de 1,7% en 2020, siendo para el sector privado de 2,3% y el sector público de 0,7%, “permitiendo contener la baja del empleo”.

“En efecto, la evidencia muestra que la masa salarial evoluciona en línea con el nivel de actividad por lo que, en caso de no haberse procesado una baja del salario real, la caída del empleo hubiera sido mayor”, subrayó el informe. Además, la pobreza aumentó en 100.000 personas, que se suman a las 308.000 que ya estaban en esa condición.

Fuente: Elpaís