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Economía en pandemia: por qué la Argentina está entre los peores de la clase en la región

Argentina tuvo una de las mayores caídas de la actividad en 2020 y acumuló tres años recesión, la inflación esperada es la más alta después de Venezuela, ¿qué está detrás?

El gobierno de Alberto Fernández tiene un panorama complicado a nivel económico. Foto: EFE

Muestra una de las mayores caídas de la actividad económica en 2020 de la región, con tres años consecutivos de recesión; tiene una inflación en alza y un deterioro de la situación social, y se ve afectada por la imposibilidad de acceder a los mercados de crédito para financiar la necesidad de mayores gastos. Mientras ingresa en restricciones por el aumento de los contagios de COVID-19 y a la espera de más dosis de vacunas (“nos hubiera gustado ir más rápido, pero no estamos mal”, dijo la ministra Carla Vizzotti), la Argentina sufre el impacto de la pandemia, que expuso con fuerza sus vulnerabilidades sociales y económicas.

Con una caída del 9,9% del Producto Interno Bruto (PIB), Argentina fue, detrás de Perú (11,1%), uno de los que registró una mayor contracción en América Latina y tuvo una de las cuarentenas más extensas y restrictivas. “Se tomaron decisiones con el planteo de un trade off entre economía y salud, que buscaba priorizar la salud, pero terminaron reventando la economía sin una mejora en los indicadores de salud”, plantea Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, respecto de la comparación regional.

En ese escenario, el gobierno de Alberto Fernández amplió el gasto (destinó el equivalente a 3,4% del PIB a políticas COVID, como los pagos del IFE y de los ATP) y lo financió con una emisión de $ 2 billones por parte del Banco Central, que explica en parte la aceleración del índice de inflación en el último semestre.

“La Argentina venía de dos años de recesión y por eso cae en mayor cuantía. Otros países cayeron y, de a poco, van volviendo a su tendencia de crecimiento previa”, describe Guido Lorenzo, director de LCG. “Y no fue el país que más expandió el déficit, a pesar de haber terminado en un nivel alto. La dificultad es que no tenía ni tiene fuentes de financiamiento. En 2020 tuviste la ventaja de que la economía estaba desmonetizada, producto del fracaso del plan de estabilización de emisión cero del gobierno anterior. Y este año no lo podés hacer”, agrega, en referencia a la imposibilidad de tomar deuda en los mercados, mientras que otros países sí consiguen fondos, como el caso de Perú (a un costo de 1,86% a 20 años), Uruguay (a un costo de 2,45% a 10 años) o de República Dominicana (3,8% a 20 años).

Según Eduardo Levy Yeyati, esa reacción ante la pandemia, con tres rondas de IFE y ATP para trabajadores formales, tuvo consecuencias sociales. “Como el apoyo fiscal al trabajo se concentró en empleados estatales y privados formales, es decir, en nuestra clase media y alta, se amplió la desigualdad. Más de la mitad de la fuerza laboral, los informales y los precarios jaqueados por la cuarentena, se quedó sin nada o a merced del IFE”, dice el decano de la escuela de Gobierno de UTDT.

En materia de inflación, la Argentina es por varios puntos el país con peor escenario de la región. Con un índice esperado de 47% para 2021 en las proyecciones del informe Latinfocus –que reúne las estimaciones de diferentes centros de estudios económicos– Argentina solo es superado por Venezuela, que sufre hace años una debacle socioeconómica que implicó un desplome del 30% del PIB y una suba de precios del 23.255% en 2020 (para este año se proyecta una caída del 10% en la actividad y una inflación de 5.500%, según el FMI).

Si se toman los últimos datos publicados por el Indec, la comparación marca que la Argentina tuvo en abril una suba de precios más elevada que la que se proyecta en la mayoría de los países para todo 2021: el dato de 4,1% mensual estuvo por arriba de las estimaciones que el último World Economic Outlook del FMI asigna para el año completo en el caso de Chile (3,3%), Colombia (3%), Paraguay (3,3%) y Perú (2,3%). Hacen falta dos meses de inflación argentina para alcanzar a Brasil o Uruguay, que estiman inflaciones anuales de 5% y 7,2%, respectivamente.

La evolución de los precios locales, a su vez, deriva directamente en un deterioro de la realidad social. El encarecimiento de los alimentos, por encima del promedio del Índice de Precios al Consumidor, empuja en la estadística a más hogares a la pobreza y a la indigencia: en abril, los valores de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) subieron de manera interanual 49,1% y 47,8%, mientras que la inflación fue de 46,3% y, así, se estima que el índice de pobreza creció respecto del 42% que el Indec estimó para el segundo semestre de 2020.

Las perspectivas en este punto, según Lorenzo, no son alentadoras. Archivada la pauta del 29% que el gobierno estimó en el presupuesto, este año la inflación (que fue de 36,1% en 2020, con un PBI que se contrajo 9,9%) no resulta mayor por medidas como el congelamiento de las tarifas energéticas y el transporte, o la apreciación del tipo de cambio, ya que se frenó el ritmo de devaluación en los últimos meses. “Cuando la inflación era de 20 y pico, hablar de 40% era una locura. Este año va a estar por encima de ese nivel y el año que viene será mayor, porque no veo razones para que sea más baja”, plantea el economista, en referencia a los precios hoy reprimidos. “Las consecuencias socioeconómicas son graves. Porque cuando la pobreza infantil es tan alta, hay algo de transmisión intergeneracional, y al que es pobre hoy le cuesta más no serlo el día de mañana. En algún momento habrá que elegir entre algo de recesión o correr el riesgo de que la inflación se ubique en un escalón más alto; mientras tanto, esta suba ya empieza a complicar el crecimiento de una forma más importante”, concluye el analista.

Otro tema controvertido es el de la educación, con el debate sobre las clases presenciales, que enfrentó a los gobiernos nacional y bonaerense con la administración porteña. En 2020 se decidió por el cierre de las escuelas, en un esquema que ubicó a la Argentina entre los países con más semanas de clases perdidas.

“Es una decisión regresiva, porque afecta más a los chicos más pobres, que suelen ir a escuelas con menores recursos, tienen peor conectividad y hardware, y cuentan con menos apoyo familiar, y a las mujeres, que suelen ser quienes brindan apoyo y atención a los chicos en casa”, apunta Levy Yeyati. Además de la pérdida de contenidos y de la deserción escolar, que se suma a un deterioro estructural de la educación, la decisión sobre las clases tiene consecuencias económicas de largo plazo: según un informe de la OCDE de septiembre de 2020, un tercio del año con escuelas cerradas podría causar que el PIB sea un 1,5% más bajo, en promedio, hasta fin de este siglo.

En este punto coincide el economista argentino Federico Poli, exdirector del BID. “Lo peor que se hizo frente a la pandemia fue la duración del apagón educativo, que se justificaba en una primera instancia de apagón total, cuando no se sabía casi nada del virus. Así lo hicieron todos los países, pero lo revirtieron a los pocos meses; en cambio, en la Argentina se eternizó. Y en la nueva fase de confinamiento, fue lo primero que el gobierno atinó a cerrar, cuando en todo el mundo es lo último que se cierra, solo si la situación se descontrola y no alcanza el cierre de la actividad recreativa, gastronómica o comercial”, concluye el analista.

Entre la escasez global, la concentración en países desarrollados y los fallidos propios en la gestión, el plan de vacunación avanza en la Argentina a un ritmo peor al proyectado por el gobierno en 2020, pero mejor que el del promedio de la región. Al cierre de esta edición, Argentina solo era superado en cantidad de dosis cada 100 habitantes por Uruguay y Chile (aplicaron mayoritariamente la china CoronaVac), se ubica en línea con Brasil y está por encima de Perú, Colombia o Paraguay.

No obstante, la estrategia oficial de diferir la aplicación de segundas dosis 12 semanas se refleja en un menor porcentaje de población con vacunación completa: con un 4,5%, la Argentina se ubica por detrás de Chile (39,7%), Uruguay (28%), Brasil (8,2%) y Colombia (5,8%).

Mientras a fines de abril el ministro de Economía Martín Guzmán dijo que “la mejor política económica es conseguir vacunas contra el COVID-19”, el gobierno mostró fallas en su estrategia de aprovisionamiento. “Se perdió una oportunidad temprana de hacerse de un stock importante de vacunas”, apunta Levy Yeyati, en referencia a la nunca despejada controversia con Pfizer, sus supuestos requisitos y la implicancia del término ‘negligencia’ en los contratos, que frustró la llegada de 13,3 millones de vacunas que la empresa había asignado al país, donde se llevó adelante un ensayo de fase 3. Además, y sin considerar el escándalo del vacunatorio VIP, llegaron menos de las dosis de la Sputnik V anunciadas en 2020 y se esperan recién para este mes los primeros 4 millones de los 22,6 millones de la vacuna de AstraZeneca envasada en México, cuyo principio activo se produjo en Garín, en la planta del laboratorio Mabxience de Hugo Sigman.

“El proceso de vacunación avanza mucho más lento de lo esperado, pero empieza a haber algo. A un ritmo de 800.000 vacunados por semana, llegás al 30% de la población en un mes y medio y ese porcentaje, sobre las personas vacunables, es más alto. Hoy las vacunas de a poco empiezan a sobrar [en algunas partes del mundo]”, se esperanza Dal Poggetto, sobre una de las cuestiones centrales para el control de la pandemia, tanto en términos sanitarios como económicos.

El otro punto pendiente, advierte la economista, tiene que ver con el frente externo y el avance de las negociaciones con el FMI y el Club de Paris. “Con la soja en estos niveles, habiendo reestructurado la deuda privada en 2020, con US$ 4.300 millones extra por los DEG y un FMI mucho más laxo, con el que podrías discutir un programa, el margen para estabilizar es gigantesco. Pero cuanto más margen hay, más se piensa en el corto plazo y se consume ese margen hasta que empieza a desaparecer, con un gobierno que dirime sus internas a puertas abiertas y se genera palos en la rueda”, plantea la economista.

Dal Poggetto señala, además, que habrá un impacto en el déficit fiscal por las retenciones, el impuesto a la riqueza, la licuación del gasto en jubilaciones y la no implementación de programas como el IFE o el ATP; pero, al mismo tiempo y en sentido contrario, está el aumento de los subsidios en el sector energéticos y de los gastos (acotados, en comparación con 2020) asociados a la segunda ola de COVID-19. “Por ahora, el Banco Central compra dólares y mantiene estable la brecha cambiaria, pero los ruidos que auto genera no son inocuos. Con el ajuste tras la pandemia, hay margen para avanzar en lo fiscal y negociar con el FMI, pero ahí también juega la política”, concluye.

(En base a La Nación / GDA)

Fuente: Elpaís