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¿Cuántas ocupaciones en lugares de trabajo hubo desde que se prohibieron con la LUC?

La norma habilita al Estado a intervenir, y el ministro Mieres cree “probable” que se haya dado un efecto de disuasión.

Daños en la mercadería de Friopan en 2019.

Como es sabido, dentro de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que serán sometidos a un referéndum a principios de 2022 hay varios ejes temáticos, y todos están atravesados por visiones radicalmente contrapuestas sobre los objetivos que se persiguen, pero sobre todo por la clase de incidencia o impacto que tuvieron en el mundo de los hechos.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con el apartado de seguridad, con el que crea un régimen de alquiler sin garantías junto con plazos de desalojos más breves, y también con dos artículos específicos que abordan la actividad sindical y las manifestaciones en la vía pública.

El más referido tal vez -y que ha sido mencionado en más de una oportunidad en los últimos días por el presidente Luis Lacalle Pou- ha sido el que busca instaurar la “libertad de trabajo y (el) derecho de la dirección de la empresa”. Es un texto de poco más de cuatro líneas que señala que el Estado “garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

En menos palabras aún, lo que hace el artículo -y su posterior decreto reglamentario- es prohibir las ocupaciones de los establecimientos laborales, y consagrar un equilibrio de derechos que era una exigencia de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Pero antes sí se podía ocupar? No siempre ni en todos los casos (ver recuadro).

Como sea, el movimiento sindical se opuso a ese artículo desde que la LUC era un anteproyecto, y uno de los argumentos utilizados era que, además de que no iba a contribuir a la “promoción de la actividad sindical”, en los últimos años había habido no más de una docena de ocupaciones. “Este dato es revelador de la poca incidencia de la medida”, había dicho en ese sentido el hoy expresidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, en declaraciones a La Diaria realizadas en enero de 2020.

Si eran pocas antes de la LUC, ¿cuántas ocupaciones hubo a partir de la vigencia de la norma, y del decreto que la reglamentó, publicado el 21 de octubre de 2020? Los datos disponibles indican que fueron menos, aunque no puede perderse de vista un factor clave: la emergencia sanitaria por el coronavirus y la fuerte restricción de la movilidad -aunque con altibajos- desde marzo de 2020 hasta mediados de 2021.

Recolección de firmas contra la LUC. Foto: Estefanía Leal

Las cifras.

De acuerdo a datos procesados por el Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica, los conflictos sindicales y las ocupaciones de los establecimientos tuvieron un descenso marcado a partir de 2020, luego de un aumento anual relativamente constante durante el último gobierno del Frente Amplio.

En 2015, el departamento universitario registró 23 ocupaciones -y 116 situaciones de conflicto-, entendiéndose por ocupación una misma unidad de conflicto -que puede replicarse en más de una ocupación concreta de un establecimiento laboral-.

En 2016 hubo un leve crecimiento -24 ocupaciones y 118 conflictos sindicales en ese año-, que más o menos se mantuvo en 2017 (27 y 105), en 2018 (32 y 104) y en 2019 (33 y 110). Luego se registró un abrupto descenso en 2020, año en que hubo cuatro ocupaciones y 62 conflictos. Y en lo que va de este 2021 -valores cerrados a octubre-, también hubo cuatro ocupaciones, con 66 conflictos.

“No hay dudas de que la conflictividad bajó”, resumió a El País Eloísa González, directora del departamento de la UCU.

Consultado al respecto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, respondió que le parecía “muy probable” que el descenso se debiera a la nueva normativa, por un simple efecto de “disuasión”.

“Por lo general hacemos la intimación y ellos se van. Han sido contados los casos en que hemos tenido que recurrir a la Policía”, precisó el jerarca. El subdirector de Trabajo, Santiago Torres, dijo ayer a El Observador que desde la aprobación de la LUC hubo 12 intimaciones y que en dos casos se llamó a la Policía.

Para valorar el cambio impuesto por la LUC Mieres puso de ejemplo un conocido conflicto de 2019, que terminó en la órbita penal con imputaciones a trabajadores este año, y que no hubiera ocurrido de mediar la nueva norma: la ocupación de Friopan, la empresa de congelados que sufrió serios daños en la mercadería que implicaron pérdidas millonarias.

“Si hubiera existido entonces la LUC, esto se habría resuelto mucho antes, pero no ocurrió porque no había una norma que amparara a la empresa y dejara entrar a sus directivos a la planta”, concluyó el ministro.

Piquetes como ocupaciones

Otro de los 135 artículos impugnados por la oposición declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación”. Para el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, esta norma ha sido crucial para resolver situaciones que no se encuadran en ocupaciones, pero que en los hechos lo son. Por ejemplo, cuando se corta una calle para impedir la salida de camiones de una empresa. “Estas situaciones se han dado básicamente en empresas de la actividad privada”, contó el jerarca a El País.

La regulación que había puesto el Frente

En 2006, el segundo año de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, se publicó un decreto que regulaba las ocupaciones en el sector privado, pero que imponía requisitos específicos antes de habilitar al Estado a intervenir en los conflictos. Solo se habilitaba esta vía cuando hubieran “fracasado los mecanismos autónomos y heterónomos de solución de conflictos” y se constatara que la “continuación de la ocupación pusiere en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o afectase seriamente el orden público”. Luego, en 2010, durante el gobierno de José Mujica, se emitió un segundo decreto que habilitaba directamente al Ministerio de Trabajo a proceder al desalojo en dependencias estatales, previa solicitud del jerarca de la oficina.

Fuente: Elpaís