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Coalición de gobierno presenta proyectos contrarios sobre desalojos

Legisladores blancos van por “desalojos exprés” y Cabildo Abierto por frenar las expulsiones en pandemia de COVID-19.

Palacio Legislativo. Foto: Gerardo Pérez (Archivo)

La ocupación ilegal de terrenos registrada en los últimos meses en varios puntos del país preocupó a legisladores de la coalición de gobierno, que presentaron o anunciaron distintos proyectos de ley, pero no en todos los casos están alineados o apuntan en una misma dirección.

Las diferencias no solo radican en los énfasis, sino incluso en el objetivo central de las propuestas o los derechos que se procuran proteger. Así, mientras las iniciativas presentadas por dos diputados blancos buscan terminar con el fenómeno de las ocupaciones y agilizar los procesos de desalojos, en Cabildo Abierto hay un proyecto de la diputada Elsa Capillera que busca suspender las expulsiones de las personas en situación de vulnerabilidad mientras dure la emergencia sanitaria -y 180 días después-, y no distingue ni exceptúa el caso de ocupantes ilegales.

En el gobierno, la preocupación por las usurpaciones -que se han dado especialmente en la costa de Rocha, Maldonado y Canelones, entre otros departamentos- llegó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que apoyó este lunes una iniciativa del diputado nacionalista Diego Echeverría.

“La usurpación no genera derechos, por eso nos parece central el planteo de Echeverría”, dijo a El País el ministro, luego de reunirse con el legislador en Maldonado, a donde fue a inaugurar un polígono de tiro.

“Es un tema que se vincula nada más ni nada menos que con el derecho a la propiedad, con el Estado de derecho, la convivencia y el orden jurídico”, agregó el secretario de Estado.

El proyecto de Echeverría está alineado con otra propuesta: la del diputado Rodrigo Blas -también de Maldonado-, aunque este último ya la presentó ante el Parlamento el 11 de mayo pasado.

El planteo de Blas consiste en habilitar “desalojos exprés” modificando el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial, para otorgarles a las intendencias la “legitimación activa” como para solicitar la “inmediata detención de las obras, la demolición de las existentes y la desocupación” cuando las autoridades constaten las situaciones ilícitas. Y especifica que “en el caso de la constitución de asentamientos irregulares, la desocupación del inmueble (debe efectuarse) con plazo de 20 días hábiles”.

“La idea es buscar un método simple, no penal sino civil, que permita un desalojo exprés e impulsado por los gobiernos departamentales”, explicó el diputado, para quien Uruguay enfrenta actualmente una “ola de ocupaciones”.

Por su parte, Echeverría consideró que su alternativa contiene una “visión más amplia” que la de su colega, porque la “legitimación activa” también alcanza a los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Medio Ambiente, para que esas secretarías puedan promover los desalojos cuando lo entiendan indicado. “Porque en esto no solamente hay una vulneración de la propiedad privada o fiscal. Está bueno que las intendencias tengan herramientas, pero también es una buena ocasión para dárselas a estos ministerios, porque además muchas veces hay que tener presente el impacto ambiental”, dijo Echeverría. Y agregó: “Hay usurpaciones que tienen lugar al lado de aguas, médanos o zonas protegidas”.

Playa Verde. Foto: Intendencia de Maldonado (Archivo)

En el otro sentido.

El texto que presentó la diputada Capillera la semana pasada en la Comisión de Vivienda y Territorio de la cámara baja -llamado “derecho a la vivienda”- es “todo lo contrario” a lo que plantean los blancos, aunque aún no conoce en detalle las otras iniciativas. Por el contrario, sí tuvo contacto con un borrador del Frente Amplio, que recoge elementos de su propio proyecto y agrega otros, según sostuvo.

“Nosotros lo que queremos es que, mientras esté la pandemia, la gente pueda tener una tranquilidad de que no la puedan echar de su casa”, añadió la legisladora.

Entre otras cosas, su texto prevé especialmente la suspensión de “los lanzamientos contra ocupantes de terrenos públicos y privados en los que se hayan constituido antes del 1º de febrero de 2021 asentamientos irregulares”, plazo que “se extenderá por un plazo de 180 (ciento ochenta) días luego de decretado por el Poder Ejecutivo el cese de la Emergencia Nacional Sanitaria”.

Capillera reconoció que aunque este proyecto no busca contemplar “el caso del asentamiento Nuevo Comienzo”, en el texto no se incluyen las excepciones de las personas denunciadas por usurpación. En ese sentido, se remitió a otra iniciativa en la que trabaja el senador Guido Manini Ríos, para perfeccionar los mecanismos “judiciales” detrás de los desalojos.

El también líder de Cabildo Abierto criticó en el Senado el 3 de mayo los fallos de la Justicia de Familia que obligaron al MVOT a otorgar viviendas dignas a tres familias que habían recibido una orden de desalojo de ese asentamiento, en el marco de una investigación penal por usurpación y robo de energía eléctrica.

Para Manini, los fallos -ratificados por tribunales de Apelaciones- suponen una “interferencia” del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, que debió cancelar la entrega de una casa para dar vivienda a una de las tres familias beneficiadas tras presentar recursos de amparo.

Fuente: Elpaís