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Las empresas sostienen que el decreto del Poder Ejecutivo viola el principio de legalidad previsto en el artículo 10 de la Constitución y el principio de igualdad ante las cargas públicas.
Las empresas navieras Buquebus y Colonia Express resolvieron demandar al Estado por la nueva tasa de 2,10 dólares más IVA que encarece el precio de los pasajes para aquellas personas que ingresan o salen de Uruguay vía fluvial y marítima.
Mediante un decreto del Poder Ejecutivo se estableció que desde mayo de 2024 cualquier pasaje vendido para viajar en febrero de 2025 en delante por Buquebus o Colonia Express deberá tener una carga adicional de 2,10 dólares más IVA.
El proyecto que viene desde 2017, fue firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros del Interior, Transporte y Economía y su fundamento es que lo recaudado servirá para mantener un nuevo control migratorio.
En este marco, las empresas Colonia Express y Buquebus resolvieron demandar al Estado al entender que se trata de un impuesto ilegítimo.
El abogado constitucionalista Daniel Ochs, representante de Buquebus, explicó a Subrayado tres fundamentos en los que se resume lo que el entiende como ilegalidad. Por un lado, sostiene que «es una violación al principio de legalidad previsto en el artículo 10º de la Constitución, un principio que viene desde la Revolución Francesa, de que nadie está obligado salvo que la ley lo establezca», y recordó que el propio Tribunal de Cuentas emitió «dictámenes concluyentes sobre la prohibición del tema».
Ochs continuó manifestando que esta nueva tasa viola «el principio de igualdad ante las cargas públicas ya que de 10 millones de viajes por año, costean todo el servicio de seguridad fronteriza solo con los que viajan por barco, que son el 20%».
Por último, el abogado criticó un «problema de razonabilidad gigantesco», bajo la premisa de que el Ministerio del Interior «nunca calculó cuánto cuesta» el sistema y no justificó la razón del monto de 2,10 dólares más IVA por pasajero.
También objetó la elección de la empresa mexicana Veridos SA, la firma que gestionará el sistema la que también será demandada.
Fuente: Subrayado