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El ministro de Vivienda informó que culminó la investigación administrativa por este tema. Hay «algunos funcionarios pasibles de tener una observación», sostuvo.
El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, informó este viernes que culminó la investigación administrativa por la adjudicación de viviendas por parte de la exministra, Irene Moreira.
El ministro señaló que la investigación determinó que “no fue un acto ilegítimo ya que de alguna forma el administrador tiene la herramienta” por resolución del 2009. De todos modos, dijo, se considera que hubo “falencias, errores o algún tipo de irregularidad” en el procedimiento para adjudicación de cupos.
En la resolución ministerial, indica: «Se advierte en tales situaciones ‘que ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados por la ex Ministra se enmarcó dentro de la reserva de cupos autorizados por la Resolución Ministerial N° 1058/2009, no solo porque no menciona como fundamento de los mismos, sino porque no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma'».
«También de la investigación surge que hubo cierta responsabilidad de algunos funcionarios por lo que están pasibles de tener una observación. La misma va a ser considerada después de que se hagan los descargos del caso», agregó.
En ese sentido, el documento sostiene que «no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, avalando las solicitudes enviadas desde la Secretaría de la ex Ministra, sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable en la materia» y que «a juicio de este jerarca, existieron falencias en cuanto a la prosecución de los procedimientos de evaluación y asesoramiento, por lo cual se entiende pertinente adoptar medidas tendientes a mejorar los mismos, con el fin de obtener mejores resultados en el funcionamiento del servicio, evitando arbitrariedades y desigualdades».
“Son muy importantes los hallazgos”, afirmó Lozano. “Del 2009 al 2020 hubo 74 adjudicaciones por cupos directos, los mismos se hicieron en base a expedientes. De 2020 al 2023, hay 12 casos de solicitudes de adjudicaciones directas. De los 12 casos, hubo dos adjudicaciones de arrendamiento con opción a compra, uno de los cuales quedó sin efecto por la renuncia de la persona. Después hubo cinco casos de adjudicación temporaria, por 12 meses, prorrogables. Tres quedaron sin efecto por renuncia o porque las familias no vivían en esas viviendas y solamente dos quedaron adjudicadas que fueron por violencia de género. Las otras cinco no tuvieron ningún tipo de adjudicación” debido a que estaban en estudio cuando trascendió el tema, detalló.
Lozano aseguró que “ninguna de las dos asesoras legales tuvo ningún tipo de presión durante la investigación”, ante lo que calificó como “rumores” al respecto.
También se refirió al principio de incendio que afectó la computadora en la que una de las instructoras tenía la investigación. “Nada de la información que ella había recabado se perdió, todo lo tenía en disco extraíble. Lo aclaramos desde un principio pero siempre generó una suerte de suspicacia”, afirmó.
Fuente: Subrayado