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“A ese mal no lo vamos a dejar entrar”: así pelean contra el COVID en los hogares de ancianos

Más allá de la mayor circulación del virus, asociaciones de residenciales y expertos señalan la demora en los hisopados y también reclaman por el atraso en la vacunación. 

En residenciales con brotes, hay población con dos tests negativos a la que aún no se le suministró la vacuna. Foto: AFP

Era como ver astronautas que lloraban. Detrás de la escafandra de plástico que les cubre la cabeza, el tapabocas quirúrgico, la sobretúnica impermeable que envuelve el uniforme; con las manos enfundadas en un doble par de guantes y los pies forrados en zapatones, la médica Mayra Idiarte veía caer las lágrimas de las cuidadoras del hogar de Durazno, que lleva ocho residentes fallecidos y tiene al resto de su población contagiada. Les decía que no era una opción quedarse, debían irse; irse ya mismo para sus casas porque habían contraído COVID-19. “Aunque la sociedad las señala como las culpables de los contagios, ellas son las primeras en no querer abandonar a los ancianos. Pero en ese punto yo dejo de verlas como empleadas de una casa de salud, para mí son enfermas y enfermas que no sé cómo van a tolerar el virus”, dice la directora técnica.

El calendario y el reloj, todo lo que mide el tiempo tiene un valor distinto si uno combate un brote dentro de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem). Para el que lo mira de afuera, esta tragedia empezó en la última semana, pero los que están dentro de estas “zonas COVID” cuentan más de 20 jornadas de agonía y sienten que cada hora que transcurre los acerca a la meta de los 21 días de distancia del último diagnóstico positivo. En esa fecha, se da el alta epidemiológica. Para el hogar de Durazno esto sucederá el próximo jueves, “y entonces se terminará esto”, desea Idiarte. Pasarán a ser uno más entre los 101 brotes en residenciales que ya han concluido.

Según difundió el Ministerio de Salud Pública (MSP), más de 130 Elepem registran casos positivos que dejan un saldo superior a los 780 residentes y 240 funcionarios con COVID-19. Desde que empezó la pandemia, hubo 152 fallecidos. De acuerdo a cifras actualizadas a las que accedió El País, hay 82 brotes abiertos.

¿Son demasiados? Desde la dirección del MSP reconocen que la curva de muertes se elevó —entre otras variables por el ingreso de cepas más agresivas—, pero defienden su gestión alegando que el promedio nacional está muy por debajo de los porcentajes de otros países. En algunos casos entre el 70% y 80% de esta población fallece al contraer el virus.

Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, y director técnico en distintos residenciales, opina que la explosión de brotes coincide con el crecimiento de casos en la sociedad en general. “Esto hizo que aumente la circulación del virus, porque funcionarios y personal que ingresan a diario a las casas de salud lo traen sin saberlo”, plantea.

Pero este no sería el único factor. El especialista detalla que, ante la sospecha de un positivo, el MSP dispuso la realización de un test a todos los residentes y trabajadores del establecimiento. Aunque desde el ministerio aseguran que se le indicó a los laboratorios que estos análisis reciban un tratamiento prioritario y su resultado esté listo a las 24 horas máximo, no sucede así. “En el último mes hubo demoras en la realización del hisopado y también en la entrega de los resultados”, contrapone el médico.

Tres, cuatro, cinco y hasta seis días de espera contaron algunos residenciales consultados. “Eso retrasa la puesta en marcha de las acciones e incrementa la exposición al contagio”, resume Roldán. Puertas adentro, esta tardanza también genera un problema logístico para saber a qué personal mantener activo y a cuál no. Además, las dos asociaciones que agrupan a 280 residenciales de todo el país denunciaron demoras en el cronograma de vacunación. A pesar de que el ministro Daniel Salinas había manifestado días atrás, en conferencia de prensa, que se había vacunado al 100% de la población de los Elepem, las asociaciones manejan otras cifras. Claudia Hernández, secretaria de Integra Residenciales, dice que serían unos 400 los establecimientos que tienen la primera dosis pendiente.

Desde el MSP afirman que algunos quedaron atrás, aunque no coinciden en que sean tantos. En Montevideo, donde se contabilizan 556 establecimientos registrados, 19 estaban en lista de espera por distintas razones (entre otras, hisopados retrasados), pero para el resto del país la fuente no aporta información precisa. En el interior hay 722 Elepem agendados para la vacuna.

Mayra Idiarte (izquierda) junto a una cuidadora en el hogar de Durazno.

En los últimos días, a la par que se acumulaban contagios y fallecimientos, las asociaciones multiplicaron su reclamo de concretar la vacunación. En algunas localidades como Progreso, en la que ningún residencial había sido inmunizado, la pregunta de “cuándo nos toca” por parte de los residentes se volvió constante. Como un ritual, cada mañana durante el desayuno Pablo Miqueas tomaba aire y con su mejor cara les transmitía a los ancianos que había que seguir esperando. Del otro lado del teléfono, la presión de los familiares iba en aumento.

Tras recibir el comentario de que faltaban dosis, vacunadores y vehículos, las dos gremiales ofrecieron al MSP autos y personal calificado para la tarea. Finalmente, este fin de semana se vacunó a los que faltaban en Montevideo, Ciudad de la Costa y en la Costa de Oro. Al residencial de Miqueas le toca mañana.

Así y todo, varios médicos que están lidiando con los brotes en hogares y residenciales en el interior se preguntan por qué se demoró una semana y en ocasiones más días en iniciar la vacunación en esa parte del país, donde se estima que los Elepem nuclean a unas 13.600 personas. Aparte, en la mayoría de estos establecimientos siguen sin ser vacunados residentes y funcionarios que dieron negativo al segundo hisopado que se realiza siete días después del primer contacto, para descartar el contagio.

Dentro de una zona COVID.

El virus es un enemigo invisible. El primer positivo del hogar de Durazno se descubrió “de forma circunstancial”, cuando una anciana se desmayó y al ingresar a su prestador de salud se le realizó un hisopado de rutina. Eso pasó el 17 de marzo pasado, 48 horas antes de la fecha agendada para la primera dosis de la vacuna.

La médica avisó a la dirección departamental de Salud, que como indica el protocolo ordenó un hisopado precoz. Al día siguiente se testeó a la población y dos días después se supo el resultado; en ese momento tres funcionarias y 12 residentes dieron positivo y fueron aislados, mientras que 31 ancianos y 19 cuidadoras mantenían el negativo.

Con ese primer diagnóstico, se separó a los positivos, a los contactos estrechos y a los negativos. El hogar —que solía ser un pabellón para tuberculosos— se dividió en dos ambientes; en el área de COVID-19 se instaló personal del prestador de salud local, asignado para brindar tareas de atención primaria de acuerdo al plan nacional que diseñó el MSP.

¿Qué tal funcionó esta estrategia que colocó a cada establecimiento bajo la tutela de un prestador? Distintos directores técnicos consultados dicen que operó mejor en Montevideo que en el interior del país. “Mientras que en la capital los controles fueron continuos, en algunas localidades del interior les fue difícil instrumentarla por falta de personal y no se aparecieron ni por teléfono”, dice Juan Sparkov, directivo de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (Aderama).

Cuando se declara un brote, la participación del prestador gana protagonismo en el establecimiento. En Durazno viene funcionando así: “Hacen lo que pueden, pero no están preparados para tratar con una población que tiene sus mañas. Tenemos ancianos que solo comen con determinada persona, o junto a determinado compañero, o que beben líquido si se hace determinado juego previo. Entonces, aunque hacen lo mejor que pueden, la realidad es que es difícil la convivencia de los dos equipos para atender a una población tan particular”, señala Idiarte.

Ven gente nueva, vestida de forma extraña y se ponen agresivos, “no comen, no beben, se caen”. Los ancianos de Durazno llevan un silbato colgado del cuello que hacen sonar si necesitan ayuda. Durante esos primeros días, las cuidadoras escuchaban desde el otro sector cómo se repetían los chiflidos. “Reconocían al residente por el sonido e indentificaban quién estaba necesitando qué cosa. Así de cercanas son a ellos”, ilustra la médica.EN ROJO

El hogar de Treinta y Tres «no resiste un mes más»

Son 82 los hogares públicos en todo el país. Son dirigidos por comisiones que por lo general integran personalidades de las comunidades, mayoritariamente jubilados. Allí viven residentes con jubilaciones y pensiones magras y los 708 beneficiarios del programa Cupo cama, por los que el BPS paga una cuota de 35.592 pesos. Depende de la localidad, hay intendencias que hacen colaboraciones y reciben donaciones de organismos públicos, empresas y vecinos. Entre los hogares, el de Treinta y Tres no ha logrado recuperarse de las deudas que dejó la directiva anterior. Lucía Acosta, secretaria de la comisión, cuenta que los números ya no cierran. La intendencia les otorga 35.000 pesos por mes, “que equivale a la comida de un día”. Con tristeza, dice: “No sé si aguantamos un mes”. Tiene 38 residentes.

Una semana después del primer test, se realizó un nuevo hisopado. Salvo una anciana y seis funcionarias, el resto resultó positivo. ¿Cómo se contagiaron si estaban separados entre sí? La dirección del MSP investigará si hubo debilidades en este caso, así como lo está haciendo en el hogar de Fray Bentos —donde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una auditoría y Fiscalía una investigación— pero advierten que, aún si no hay hacinamiento y el lugar está ventilado, “la transmisión en estos espacios es alta».

De acuerdo al protocolo, tras ese segundo hisopado quienes permanecen sanos podrán recibir la vacuna. Esto no pasó en Durazno. Cuenta la médica: “Yo tenía 60 dosis reservadas, entonces llamé a la dirección departamental de Salud y pregunté, ¿no tendrán seis vacunas para darme para una residente y cinco funcionarias que son las únicas cuidadoras que tengo? Me respondieron que ya habían sido usadas en la población. ¿Qué se hace con los remanentes?, pregunté: no van para los residenciales”.

Una situación similar sucede en el hogar de Rivera, donde el pasado 23 de marzo falleció una residente por COVID-19. Dos funcionarios dieron positivo y otros cuatro ancianos también. Entre ellos, tres ya tienen el alta y el cuatro está en vías de recibirla. Aún no fueron vacunados los 38 funcionarios y los 47 residentes que ya está comprobado que están sanos, cuenta la encargada.

Hubo 942 inspecciones a casas de salud; 52 están hoy en un estado crítico, según el MSP. Foto: Estefanía Leal

¿Esto debería suceder? “El procedimiento es curar a ese paciente y esperar tres meses, e identificar a los que siguen siendo negativos tras una semana, y vacunarlos. El tema es que todo eso pasa y no se vuelve a vacunar a los residenciales que tienen focos porque no tienen recursos humanos”, plantea Sabino Montenegro, presidente de Integra Residenciales. Frente a estas demoras, hay familiares que optaron por agendar a los residentes y vacunarlos con el resto de la población.

Debate del buen morir.

Griselda Demassi se convirtió en una entrevistada recurrente desde que la noticia de los primeros 15 fallecimientos en el hogar de Fray Bentos —que ahora son 27— puso en duda el funcionamiento del sistema sanitario en el peor momento de la pandemia en el país. Su madre es una de los 62 residentes que con el correr de los días se contagiaron.

Según opina Demassi, esto ocurrió en parte debido a la “omisión de las autoridades de la salud y al desmantelamiento de programas vinculados a los cuidados de ancianos”. La médica declaró que había quedado sola (y también enferma) a cargo de la población.

Demassi no soportó la tensión del conteo de los decesos. “No podía seguir más la noche entera pendiente del WhatsApp, esperando a ver si me tocaba a mí recibir la noticia del fallecimiento. El último hisopado de mi madre dio negativo, que quizá sea un falso negativo, lo sé, pero no me importó y hace dos días la saqué del hogar y me la traje a mi casa”.

Esta tragedia coincidió con la preocupación generalizada por la escasa disponibilidad de camas en los CTI. El que se decidiera que los ancianos murieran en el hogar generó un crudo debate donde se mezcló desconfianza y desconocimiento.

Desde las directivas de las dos asociaciones de residenciales descartan que los ingresos se estén determinando de acuerdo a la disponibilidad de camas.
“La mayoría de la gente que muere por COVID-19, muere en el mismo residencial. Nosotros promocionamos no trasladar al CTI si no es necesario, porque dentro del residencial siempre se pueden dar los cuidados adecuados”, plantea Montenegro, convencido.

“Siempre que el establecimiento tenga las condiciones adecuadas, fallecen ahí bajo los cuidados de su personal y la supervisión de los equipos de cuidados paliativos de los prestadores de salud”, aporta Sparkov, vocero de la otra asociación.

Esto es lo común, aunque el dueño de un establecimiento acota que el protocolo que siguen las empresas fúnebres para las víctimas de la pandemia tiene un efecto traumático para el resto de los residentes. “Ingresan al lugar con el ataúd, amortajan al fallecido allí mismo poniéndolo en una doble bolsa y lo introducen en el cajón, al que desinfectan y sellan con silicona. De ahí derecho al cementerio. Es algo horrible de ver”, describe.

Volviendo al debate, ¿qué define el ingreso a los centros de tratamiento intensivo? “La edad por sí misma no es un criterio de exclusión para el ingreso. Hay muchos que están en una situación médica muy complicada y no se beneficiarían de un traslado a un hospital o CTI porque no se va a revertir. Es una decisión que se toma en conjunto entre la dirección técnica del residencial, el médico del prestador, el paciente o la familia si él no está lúcido”, explica Roldán, el geriatra.

Otros números rojos.

Ningún escenario se puede generalizar cuando se trata de las casas de salud: “Cada residencial es un mundo”, repiten quienes los fiscalizan. Es cierto que, producto de la pandemia y la necesidad de vacunación, se incrementó el registro ante el MSP, el primer paso en el camino de la habilitación (que solo 60 tienen), pero desde las asociaciones alertan que aún hay cientos en la clandestinidad.

¿Cuántos? Sparkov, el directivo de Aderama, estima que por fuera de los 1.278 que detectaron los ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social (de los cuales 52 se consideran en estado crítico) debe haber aproximadamente 700 que siguen “escondidos”. Estos son los que menos cobran, y por lo tanto sería conveniente dudar de su cumplimiento del protocolo y su capacidad de reacción frente a un caso positivo. “Al menos 500 no deben tener un director técnico”, agrega Montenegro, de Integra Residenciales. Desde el MSP responden que esos casos deben ser denunciados y se fiscalizará en consecuencia.

Hasta ahora, 1.476 residentes y 743 cuidadores tuvieron COVID-19. Foto: Leo Mainé

Pero incluso entre los que están regularizados “el 50% vio afectada su economía”, según Montenegro. Esto sucede porque el protocolo los obliga a adquirir un volumen mayor al habitual de materiales sanitarios, que además suben de precio constantemente. También, para reducir la circulación del personal, los turnos de las cuidadoras suelen pasar a ser de 12 horas en vez de ocho, lo que implica el pago de las horas extra. Le recriminan al gobierno no haber previsto exoneraciones específicas para el sector ni en los aportes patronales, ni en las cargas fiscales, ni en los servicios considerando que abonan “tarifas altísimas” de agua y luz, entre otros costos fijos.

Los residenciales —y también hogares, públicos— no han trasladado este incremento en su tarifa. Pero los bolsillos aprietan y, sumado al estrés de manejar una casa de salud, hay varias que cerraron; otras venden la empresa.

Con este escenario, se están dando renuncias de directores técnicos. “Para empezar, es imposible cumplir con los protocolos si cobrás una cuota inferior a 20.000 pesos. Menos aún podrás hacerlo si tenés un caso positivo. Además de que necesitás contratar más personal, el traje para atender a los que están aislados cuesta unos 800 pesos y tenés que usar uno nuevo cada vez que entrás a atenderlo. ¿Cómo hacés? Los directores técnicos que trabajan en residenciales de bajos recursos renuncian porque no pueden soportar la responsabilidad de trabajar sin las condiciones necesarias”, cuenta Soad Ayul, directiva de la Sociedad Uruguaya de Gerontología.

La semana pasada, mientras se anunciaba que un residencial de Dolores había sufrido tres fallecimientos por COVID-19, su dueño, Marco Gadea, pedía ayuda en Aderama para recibir material del fondo de abastecimiento. “El tapaboca quirúrgico que se consigue a 40 pesos, acá al menudeo sale 300 y se pude usar dos días, con suerte. Guantes, nuestro proveedor ya no tiene. Cuando tenía, si en una ciudad cuesta 180 la caja acá la vendía a 1.000 pesos. Los saturómetros nos los cobran 4.000 pesos, pero cuestan 1.200 en la capital. Se me quintuplicaron los costos y además está la demora de los proveedores. ¿Cómo hago si no me ayudan?”.

Por eso todos los que se vienen salvado del virus cruzan los dedos, le agradecen a Dios, a la Virgen y hasta al “rayo verde sanador” por mantenerlos indemnes, según cuentan a El País. Mientras tanto, idean estrategias. Irma Fernández, que ya suma 15 años encargándose del hogar de Guichón, no permite que nadie ni nada ingrese desde el exterior. A pesar de que hay un extenso trecho que separa el edificio del portón de entrada, todo lo que llega debe ser depositado en la vereda y hasta allí va algún empleado a desinfectar uno a uno los productos. Lo mismo les indicó a los familiares: las visitas se permiten atrás de la reja, a dos metros de distancia del hierro y usando doble tapabocas. Sin excepción.

—Este hogar es como mío, los viejitos son como míos y a ese mal acá no le voy a permitir entrar —dice con una tierna determinación.

En el hogar de Durazno que registró ocho muertes, de a poco se vuelve a la normalidad.

En Durazno, mientras cuentan las horas para que se cierre el brote, ya suman 30 los residentes del hogar recuperados de COVID-19. Como prueba de que el ánimo está mejorando, la médica Idiarte manda fotos del comedor y de la sala de recreación: algunos saludan a la cámara. Poco a poco se vuelve a la cotidianidad y se van reintegrando las funcionarias, que a través de sus trajes de astronauta se reencuentran con los ancianos que cuidan desde hace más de una década y se escandalizan porque en medio del caos nadie se acordó de cortarles las uñas.

Fuente: Elpaís